El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, dio inicio al proceso de privatización de AySA, la empresa pública encargada del suministro de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano, beneficiando a más de 11 millones de personas.

La operatoria contempla la venta del 90 % de las acciones de AySA a través de un esquema mixto que combinará una licitación pública nacional e internacional junto con una oferta pública inicial en la Bolsa de Comercio. El 10 % restante permanecerá en manos de los trabajadores mediante un programa de participación accionaria.

La privatización responde a una estrategia del Gobierno para incorporar capital privado y reducir el tamaño del Estado. En 2024, AySA pasó de registrar pérdidas a generar un superávit operativo de 104 mil millones de pesos, tras haber aumentado las tarifas casi cuatro veces desde el inicio de la gestión actual y reducir su plantilla en más de 1.400 empleados.

Para implementar el proceso, el Ejecutivo prepara dos decretos: uno para habilitar la venta y otro para modificar el marco regulatorio del servicio. La convocatoria a interesados se prevé para fines de 2025, mientras que la adjudicación podría concretarse en el primer semestre de 2026.

La medida revive un modelo de concesión similar al llevado a cabo por el expresidente Carlos Menem en 1993 con Obras Sanitarias de la Nación, que luego fue reestatizada por el kirchnerismo en 2006 tras considerarse la privatización de la década anterior un fracaso por deficiencias en inversiones y atención al usuario. Esa experiencia culminó en una demanda al Estado argentino y un fallo adverso en el CIADI.