A contramano del rechazo legislativo y judicial, el gobierno nacional dispuso el pase a disponibilidad de alrededor de 460 trabajadores estatales, un paso previo al despido efectivo. La medida afectó personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

El ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, ordenó esta acción mediante la Resolución 1240/2025, publicada en el Boletín Oficial. La mayoría de los afectados, 287 agentes, pertenecen al INTA, mientras que el resto se distribuye entre el INASE y el INV.

La decisión fue tomada pese a que tanto el Congreso, en sus dos cámaras, como la Justicia habían intervenido para frenar los intentos de vaciamiento institucional mediante decretos ejecutivos. Los vetos y bloqueos a las medidas originales habían dejado al Ejecutivo sin respaldo político formal para avanzar en su plan.

De acuerdo a la legislación vigente, Ley 25.164 y su decreto reglamentario 1421/2002, la figura de disponibilidad permite retener a los agentes en una suerte de limbo laboral hasta por doce meses. Durante este período, se les abona un haber especial, quedan eximidos de concurrir, pero deben estar disponibles para convocatorias estatales y pueden ser reubicados o reasignados.

Desde el gremio ATE, el delegado del INTA, Sebastián Fajardo, calificó la maniobra del Ejecutivo como un “manotazo de ahogado”, destinado a desactivar el impacto político del freno judicial y legislativo. Advirtió que la medida busca diluir el triunfo de los trabajadores y advirtió que la situación ya está en alerta roja institucional.