El Gobierno argentino volvió a cuestionar la orden judicial que lo obliga a entregar correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de funcionarios actuales y anteriores en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) presentó un nuevo recurso ante la jueza Preska, a cargo del Distrito Sur de Nueva York, con el argumento de que el Estado no tiene control sobre los dispositivos ni sobre las cuentas personales de esos funcionarios, algo que, según subrayaron, constituye un requisito indispensable dentro del derecho estadounidense.

La medida adoptada por la magistrada en julio había dispuesto que esas comunicaciones fueran producidas bajo el esquema de “discovery”, la etapa previa de exhibición de pruebas. Si bien Preska aclaró que no solicitaba el acceso completo a los teléfonos, sino únicamente la búsqueda de palabras clave como “YPF” o “Aerolíneas Argentinas”, los representantes legales de la Argentina calificaron el requerimiento como excesivo y advirtieron que cumplirlo sentaría un precedente riesgoso en litigios que comprometan a Estados soberanos.

El planteo reciente se sumó a una primera presentación realizada a comienzos de agosto en el mismo sentido. Ahora, en caso de que la jueza no modifique su decisión, los abogados que defienden al país adelantaron que podrían avanzar con una apelación para evitar la producción de ese material.

Los demandantes, los fondos Burford y Eton Park, buscan demostrar que compañías como YPF, Aerolíneas Argentinas, ENARSA, el Banco Central y el Banco Nación funcionan como “alter ego” del Estado argentino. Esa interpretación permitiría reclamar que los activos de esas entidades sean utilizados para cubrir la sentencia de USD 16.000 millones dictada contra la Argentina.

La decisión final sobre este recurso está nuevamente en manos de Preska, quien deberá definir si ratifica su orden inicial o si acepta abrir la instancia de revisión solicitada por la defensa argentina.