El ex gobernador evoluciona en la Fundación Favaloro tras una intervención programada y mantiene en marcha su plan político rumbo a su desembarco en el Congreso.

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La Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos intervinieron tras detectar condiciones de trabajo forzado, falta de agua potable y documentos de identidad, e imputaron a dos personas.

En Santa Fe, 31 personas, entre ellas dos menores, fueron rescatadas de dos campos donde se encontraban en condiciones de explotación laboral. Las víctimas habían llegado desde Los Juríes, Santiago del Estero, y recibían un pago de 300 mil pesos por quincena, del cual se descontaba el valor de la comida. Según fuentes judiciales, no contaban con agua potable y realizaban sus necesidades en tachos.
Los campos están ubicados cerca de la ruta provincial 77, en la localidad de Pozo Borrado, departamento de 9 de julio, y fueron identificados como "Establecimiento Santa Ana" y "La Revancha e Isabelliana S.A", según informó la Fiscalía Descentralizada Rafaela. Tras los allanamientos, el juez federal de Rosario Eduardo Rodríguez Da Cruz ordenó el secuestro de celulares y un cuaderno con anotaciones.
Durante la inspección se constató que las personas no podían retirarse de los campos, estaban incomunicadas y solo algunas contaban con documentos de identidad. Hasta el momento hay dos personas imputadas por el caso.
Participan del operativo el fiscal federal Jorge Gustavo Qnel y los fiscales auxiliares Federico Grimm y Pablo Micheletti, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia se encarga del alojamiento de las personas rescatadas.

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