El gobierno de Javier Milei puso fin a casi dos décadas de política nacional de Educación Sexual Integral (ESI), al dejar de asignar un presupuesto destinado y desvincular al Estado nacional de la responsabilidad directa en su implementación.

Desde agosto pasado, la administración nacional admitió que el programa recae íntegramente sobre las provincias, sin fondos ni coordinación centralizada. La medida impacta en la estructura vigente desde 2006 mediante la Ley 26.150. 

La retirada incluye recortes en los materiales del portal Educ.ar antes utilizados como contenido oficial de ESI. Se precisa que los recursos que no se ajustaban a los criterios actuales serán reemplazados paulatinamente. También se señala que, como parte del ajuste, el Ejecutivo eliminó un artículo de la Ley 27.234 vinculado a jornadas de “Educar en Igualdad”, una iniciativa complementaria de prevención de violencia de género que también formaba parte del enfoque educativo nacional. 

Organismos del ámbito educativo alertan que esta decisión podría debilitar la prevención del abuso sexual infantil, dejar lagunas en el acompañamiento de la adolescencia y generar desigualdades profundas entre provincias según su capacidad de ejecución local.