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La segunda vuelta del 19 de octubre se da en un contexto con una economía en crisis y una sociedad movilizada, el país andino decidirá entre dos candidatos de derecha que buscan redefinir el modelo político y económico.

El próximo domingo, 19 de octubre de 2025, los bolivianos acudirán a las urnas para una segunda vuelta que podría definir una nueva era en el país. La primera ronda de elecciones, celebrada el 17 de agosto, arrojó una sorpresa al dejar fuera de competencia al MAS, partido que gobernó de forma casi ininterrumpida desde 2005. La derrota del MAS no solo representa el colapso electoral de una fuerza hegemónica, sino un quiebre simbólico en la historia política boliviana.
En el frente electoral se enfrentan dos figuras con visiones diferentes: Rodrigo Paz Pereira, senador de centro que obtuvo cerca del 32 % de los votos en la primera vuelta, llega con la promesa de un “capitalismo para todos” y de enmendar la crisis económica desde un enfoque moderado. Por otro lado, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga encabeza la contienda para canalizar el descontento contra el MAS a través de medidas de austeridad, mayor apertura al mercado y un claro distanciamiento del modelo estatista.

El escenario económico que encuentran los candidatos es especialmente grave: inflación elevada, escasez de combustible, caída de ingresos por gas y litio, y disminución de divisas. Estos factores complican la gobernabilidad y elevan la exigencia hacia el próximo gobierno. Adicionalmente, la fractura interna del MAS, especialmente la tensión entre el actual presidente Luis Arce y su antecesor Evo Morales, precipitó su declive electoral y abrió una ventana de cambio inédita.
El triunfo de cualquiera de los dos candidatos implicará redefinir el rumbo internacional de Bolivia, sus relaciones con organismos financieros y el papel del Estado en la economía. El electorado parece haber dado por concluidas las fórmulas que predominaban en los últimos veinte años.
Habrá que seguir de cerca detalles como los acuerdos que el nuevo gobierno suscriba, su capacidad de manejar la deuda, atraer inversiones y distribuir los beneficios del sector de los hidrocarburos y litio. Este proceso marcará si la jornada electoral queda como un episodio de tránsito o como el inicio de un capítulo verdaderamente distinto en la historia boliviana.

La orden apunta a que esos recursos no puedan ser embargados, gravados ni ejecutados judicialmente.
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