Un fallo del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca exige a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que restablezca en 24 horas las pensiones por incapacidad laboral que habían sido suspendidas en todo el país y pague los haberes retenidos.

La decisión fue dictada en el marco de una acción colectiva impulsada por organizaciones de personas con discapacidad y el Defensor del Pueblo de la provincia de Catamarca.

El fallo señala que las suspensiones uniformes vulneraron derechos sociales básicos: el derecho a la seguridad social, a la salud, a la vida independiente y a la igualdad ante la ley. El juez calificó al colectivo como homogéneo y consideró que correspondía una respuesta de efecto nacional.

La medida también prohíbe que el organismo ejecute nuevas auditorías basadas en el Decreto 843/2024, norma que había endurecido las condiciones para mantener las pensiones. Hasta tanto no haya sentencia firme, ANDIS debe abstenerse de disposiciones que impliquen nuevas bajas.

La resolución representa un duro revés para el Gobierno, que había apelado a criterios de ajuste fiscal para justificar las suspensiones. Diversas entidades denunciaban que más de cien mil casos habían sido dados de baja sin notificación o recurso efectivo. Todo en el medio de la causa por supuestas coimas en la agencia.

Ahora resta que el fallo sea cumplido en los hechos: las pensiones deben ser reactivadas y las prestaciones debidamente abonadas. Además, el Gobierno deberá revisar su política de evaluación y auditoría para asegurar que los procesos de baja respeten los derechos constitucionales y convencionales de las personas con discapacidad.