La Cámara de Diputados continuará esta semana con el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 en el marco de la ronda de exposiciones de funcionarios nacionales. Participarán la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el designado canciller, Pablo Quirno, quien jurará este martes a las 17; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

El esquema de audiencias fue definido por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto Benegas Lynch, de La Libertad Avanza (LLA). Bullrich expondrá este martes a las 10, Guberman lo hará el miércoles por la mañana, Torrendell en la tarde de ese mismo día y Quirno cerrará el jueves con una presentación sobre la situación financiera.

El oficialismo busca reunir los apoyos necesarios para emitir dictamen de mayoría en la comisión, compuesta por 49 miembros, de los cuales solo siete pertenecen a LLA. En esa línea, el objetivo del Gobierno es alcanzar entendimientos con los bloques considerados dialoguistas para facilitar el avance del texto. Aunque desde el Ejecutivo pretenden postergar la discusión hasta diciembre, cuando el oficialismo se convertirá en la primera minoría, los esfuerzos actuales están centrados en lograr un despacho favorable que permita iniciar el debate.

Por su parte, los bloques de Unión por la Patria (UxP) y Encuentro Federal trabajan en dictámenes propios. Este último, encabezado por el diputado Nicolás Massot, coincide con las proyecciones de superávit fiscal del oficialismo, pero ajusta la estimación de crecimiento del PBI del 1,5% al 0,9%, al incluir los gastos derivados de las leyes de Discapacidad, Garrahan y Universidades, junto al financiamiento de las cajas previsionales.

El proyecto oficial proyecta un incremento del 5% del PBI, una inflación del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para diciembre de 2026. También prevé aumentos del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones.

En materia de gasto público, contempla erogaciones por $148 billones y recursos por $148,2 billones, lo que arrojaría un superávit primario de alrededor de $2 billones. Además, incluye incrementos en jubilaciones, educación, discapacidad y salud. Desde la oposición advierten que esas subas no serían suficientes para compensar los atrasos en esas áreas y reclaman el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo, que establece una inversión equivalente al 6% del PBI.