El gobierno suspendió su aplicación a fines de septiembre, con la justificación de que el Congreso tenía que establecer su fuente de financiamiento.
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La Justicia ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad
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Por 51 votos contra 49, se rechazó el proyecto impulsado por legisladores demócratas y republicanos. Desde septiembre, las operaciones estadounidenses en el Caribe dejaron 69 muertos.

El Senado de Estados Unidos votó este jueves en contra de una resolución bipartidista que buscaba restringir las facultades del presidente Donald Trump para realizar acciones militares en Venezuela sin la autorización del Congreso. La iniciativa, que obtuvo 49 votos a favor y 51 en contra, fue impulsada en medio de la creciente tensión por los operativos que la Casa Blanca lleva adelante en el Caribe desde septiembre.
El proyecto había sido presentado por los senadores demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, junto al republicano Rand Paul, quienes plantearon que cualquier intervención bélica fuera del país debe contar con la aprobación legislativa. La propuesta no prosperó debido a la mayoría republicana en la cámara alta, aunque dos senadores del oficialismo acompañaron el texto. Un intento similar a comienzos de octubre había tenido el mismo resultado.
La votación se llevó a cabo un día después de que los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, comparecieran ante el Congreso para exponer los fundamentos legales de los ataques. Tras la reunión, Hegseth informó a través de su cuenta oficial de X que, por orden de Trump, se había ejecutado un nuevo operativo contra una lancha “que transportaba drogas prohibidas” desde Venezuela hacia Estados Unidos. No se difundieron los nombres de las víctimas ni pruebas sobre la carga del barco.
Desde el inicio de la campaña militar en septiembre, Estados Unidos realizó al menos 18 ataques en aguas del Caribe y del norte de Sudamérica, en los que murieron 69 personas. Naciones Unidas condenó estas acciones. “Estas acciones también violan las obligaciones internacionales fundamentales de no intervenir en los asuntos internos ni amenazar con el uso de la fuerza armada contra otro país”, señalaron los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos en un encuentro celebrado en Ginebra.
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El gobierno suspendió su aplicación a fines de septiembre, con la justificación de que el Congreso tenía que establecer su fuente de financiamiento.
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