Arrancan las indgatorias a los imputados por presuntos sobornos y direccionamiento de fondos públicos durante más de un año en la causa que investiga un esquema de contrataciones irregulares dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El primero en presentarse ante el juez federal Sebastián Casanello será Miguel Ángel Calvete, señalado por la Justicia como uno de los engranajes del entramado que habría permitido montar un circuito de compras con sobreprecios millonarios. Lo hará en Comodoro Py, donde declararán a lo largo de la semana exfuncionarios y empresarios involucrados.

Este miércoles será el turno de Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS y quien aparece en el expediente como el posible jefe de la organización que habría direccionado contratos a medida. Según la investigación, entre julio de 2024 y agosto de 2025 se habrían pagado sobreprecios superiores a $43.000 millones, beneficiando a droguerías y prestadoras médicas.

La causa alcanza a 15 personas: exautoridades del organismo, operadores vinculados al sector farmacéutico y empresarios que habrían sido favorecidos con el circuito de contrataciones.

En paralelo a las indagatorias, Casanello ordenó la detención de Pablo Atachabahian, urólogo y exfuncionario de ANDIS, quien se negó a declarar y quedó con arresto domiciliario. Su nombre aparece repetido en chats, cuadernos y documentos incorporados a la causa.

La trama incluye además a Patricio Gustavo Rama, exdirector suplente de New Farma, con vínculos personales y comerciales con Calvete y Atachabahian; y a Guadalupe Ariana Muñoz, pareja de Calvete, acusada de mover dinero en efectivo para el grupo.

También están bajo la lupa Sergio Daniel Mastropietro y Alan Pocoví, investigados por participar del traslado de fondos a través de empresas de aviación privada como Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.

Indagados

Entre los exfuncionarios indagados esta semana aparecen nombres de alto rango dentro de ANDIS: Daniel María Garbellini, exnúmero dos del organismo; Eduardo Nelio González, director nacional de Apoyo; y Lorena Di Giorno, responsable del área de Prestaciones e Insumos de Alto Costo (PACBI).

Para la Justicia, este grupo habría operado junto a técnicos encargados de manipular sistemas internos y facilitar el desvío de fondos que luego se distribuían entre los distintos participantes del esquema.

Las indagatorias continuarán durante los próximos días y marcarán el próximo movimiento del expediente, que busca determinar responsabilidades y el alcance del presunto circuito de coimas dentro de uno de los organismos más sensibles del Estado.