Este domingo se celebran en Honduras las elecciones generales de 2025, que definirán quién ocupará la presidencia para el período 2026-2030, además de renovar la Cámara Legislativa, el Parlamento Centroamericano y cientos de cargos municipales. Más de 6,5 millones de ciudadanos están habilitados para votar.

La contienda enfrentó a varios postulantes, aunque tres concentraron la mayor atención: Nasry Asfura (Partido Nacional), Rixi Moncada (partido oficialista) y Salvador Nasralla (Partido Liberal). Asfura llegaba como favorito en varias encuestas, lo que generó preocupación en sectores que temen un giro hacia políticas más conservadoras.

El clima previo a la votación fue tenso: los cierres de campaña estuvieron marcados por reiteradas denuncias mutuas de fraude, denuncias de maniobras de sabotaje electoral, cuestionamientos al órgano electoral y amenazas de inestabilidad institucional. En ese marco, autoridades e instancias internacionales como Organización de Estados Americanos (OEA) y misiones de observación electoral advirtieron sobre los riesgos que enfrenta el proceso.

Las preocupaciones incluyen denuncias de manipulación del conteo de votos, filtraciones de audios con supuestos planes de manipulación y señalamientos de que la asistencia militar al proceso, a través de un estado de excepción vigente, podría afectar la independencia del comicio.

Más allá de lo institucional, muchos ciudadanos llegan a las urnas demandando respuestas concretas ante problemas estructurales, como la inseguridad, la pobreza, el narcotráfico y la crisis económica que atraviesa el país. En ese contexto, los comicios adquieren un protagonismo decisivo en el rumbo de Honduras.

El escrutinio se desarrollará tras el cierre de las mesas, y los resultados podrían tardar en conocerse debido al recuento de actas y la presión política. Organismos independientes participarán de la supervisión, bajo la mirada atenta de la comunidad internacional.