La Ciudad de Buenos Aires oficializó una prohibición de la pirotecnia sonora en todas sus formas, una medida que se aplicará en eventos públicos, fiestas populares y celebraciones privadas en todo el territorio porteño. La iniciativa fue aprobada por la Legislatura y promulgada por el Gobierno de la ciudad con el argumento de reducir los fuertes ruidos que producen este tipo de artefactos, y que impactan negativamente tanto en la calidad de vida de los ciudadanos como en el bienestar de grupos sensibles como niños, personas mayores, animales domésticos y personas con discapacidad sensorial.

La normativa alcanza tanto a fuegos artificiales tradicionales como a cualquier dispositivo que genere explosiones o estruendos de gran intensidad, independientemente de su tamaño o sector en el que se utilice. Con esta prohibición, autoridades buscan eliminar los ruidos extremos asociados a la pirotecnia tradicional y fomentar celebraciones más pacíficas y respetuosas con el entorno urbano y sus habitantes.

El proyecto, impulsado por legisladores y organizaciones sociales que venían realizando campañas desde hace años, señala que los efectos de la pirotecnia sonora no se limitan a las molestias auditivas habituales: pueden causar estrés, ansiedad y problemas de salud en personas sensibles, así como graves inconvenientes para personas con Trastorno del Espectro Autista, niños pequeños y mascotas, que sufren un impacto más intenso por los ruidos abruptos.

Entre los puntos más destacados de la medida figura también la promoción de alternativas silenciosas o lumínicas para celebraciones, como juegos de luces y espectáculos visuales sin explosiones, que respeten la tranquilidad sin dejar de celebrar fechas especiales. Las autoridades porteñas señalan que este tipo de alternativas ya se emplean con éxito en otras ciudades, reduciendo el impacto negativo en la salud pública y la convivencia urbana.

La medida fue celebrada por organizaciones de derechos de los animales y asociaciones de salud comunitaria, que afirmaron que la prohibición representa un avance en materia de calidad de vida urbana y que podría ser un modelo para otras jurisdicciones que enfrentan reclamos similares de vecinos.