La Justicia argentina dictó una pena de prisión perpetua para el policía bonaerense Maximiliano Abel González, hallado culpable del homicidio agravado de Luciano Olivera, un adolescente de 16 años, en un operativo realizado en la ciudad de Miramar en diciembre de 2021. La sentencia fue confirmada por el juez Facundo Gómez Urso, quien desestimó los argumentos de la defensa y aplicó la máxima pena prevista por el Código Penal argentino tras el veredicto unánime del jurado popular en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.

El crimen tuvo lugar la madrugada del 10 de diciembre de 2021, cuando Olivera estaba con amigos y se retiró en su moto luego de que un patrullero acudiera a un llamado por ruidos molestos. Según la reconstrucción de la investigación, el adolescente fue perseguido por la policía y, al ser interceptado, González descendió del móvil y efectuó un disparo con su arma reglamentaria que impactó en el pecho del joven, causándole lesiones fatales. La autopsia determinó que la bala provocó daños letales en múltiples órganos.

Durante el juicio, que comenzó semanas antes, el fiscal y la representación legal de la familia, a cargo del abogado Gregorio Dalbón, argumentaron que el uso de la fuerza no estuvo justificado y configuró un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la alevosía y el abuso de funciones propias de un agente policial. La defensa del imputado había planteado una visión distinta, sosteniendo que el disparo fue accidental, pero ese argumento fue rechazado por el tribunal y las pericias balísticas confirmaron el correcto funcionamiento del arma utilizada.

La sentencia reflejó la gravedad del hecho y la vigencia del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, un mecanismo que integró a 12 ciudadanos en la deliberación de la culpabilidad. Tras conocer la condena, el abogado de la familia declaró que con este fallo “la violencia institucional fue juzgada” y que “la impunidad fue derrotada”, destacando que Olivera tenía una vida por delante cuando fue asesinado.

Además de la condena a González, otros cuatro policías que participaron del operativo están imputados por encubrimiento en relación con el caso y deberán enfrentar procesos judiciales por separado en instancias correccionales, aunque aún no se han fijado fechas para esos juicios. La causa continúa, en tanto la sentencia de perpetua para el principal acusado se erige como un hito en el abordaje judicial de casos de violencia institucional en Argentina.