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Desde el Ministerio de Economía, destacaron el resultado económico de la licitación y el momento en el que se desarrolló el procedimiento.
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A pocos días del vencimiento de obligaciones financieras, el Ejecutivo nacional completó un paso clave en la privatización de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue al dejar cerrada la etapa contractual del proceso. La operación permitió asegurar ingresos superiores a los 700 millones de dólares para el Tesoro y habilitó el traspaso operativo a las empresas adjudicatarias, tal como estaba previsto en el cronograma oficial.
La instancia quedó formalizada con la firma de los contratos de concesión y la transferencia de acciones correspondientes a las centrales Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados. El acto contó con la participación de autoridades nacionales y provinciales, entre ellas la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamantii; el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo; y los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, además de representantes de las compañías que resultaron ganadoras de la licitación.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que esta etapa “consolida el resultado económico del proceso licitatorio”, al garantizar ingresos por US$ 706,9 millones para el Estado nacional. Ese monto surge de las ofertas presentadas por ocho empresas que participaron del procedimiento de adjudicación de los activos hidroeléctricos incluidos en el esquema de privatización.
En el Ejecutivo también hicieron hincapié en las condiciones en las que se desarrolló el proceso y remarcaron que se llevó adelante bajo un marco de “transparencia, reglas claras y seguridad jurídica”. Según indicaron, ese esquema permitió una amplia participación privada y una valorización de activos considerados estratégicos para el sistema energético.
Con los contratos ya formalizados, comenzó la etapa de transición hacia los nuevos concesionarios, quienes deberán asumir compromisos vinculados a inversión, mantenimiento y modernización de las centrales. De acuerdo con lo informado oficialmente, esas obligaciones apuntan a asegurar la continuidad del servicio hidroeléctrico y su adecuación a las necesidades del sistema eléctrico nacional.
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