La Justicia argentina dictó un fallo clave en el denominado juicio de la Megacausa Zona V de Bahía Blanca, uno de los procesos más extensos sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En un veredicto que se conoció a fines de diciembre de 2025, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Bahía Blanca condenó a la mayoría de los 32 acusados que llegaron a esta instancia judicial por delitos graves como homicidio, privación ilegal de la libertad, torturas, sustracción de menores, abuso sexual y allanamientos ilegales.

Tras casi cuatro años de audiencias, en las que se expusieron las atrocidades y el entramado represivo desplegado por el V Cuerpo de Ejército y sus unidades en el sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, el tribunal impuso 16 condenas a prisión perpetua, además de penas de hasta 20 años de cárcel para otros acusados. El juicio, iniciado en febrero de 2022, reunió más de 155 audiencias y abarcó hechos cometidos contra más de 330 víctimas, muchas de las cuales sufrieron desapariciones forzadas o tormentos extremos.

Si bien la mayoría de los imputados fueron hallados culpables y las sentencias reflejan la gravedad de los crímenes juzgados, solo uno resultó absuelto, mientras que varios procesados no llegaron a ser juzgados porque fallecieron antes o durante el proceso. Entre los condenados con perpetua figuran ex miembros del ejército y de fuerzas de seguridad que tuvieron roles directos en la implementación de la represión estatal.

El fallo es considerado un hito en los juicios de lesa humanidad en Argentina, no solo por la cantidad de imputados y la extensión del proceso, sino por la profundidad con que se abordaron los delitos en el marco del terrorismo de Estado, desde desapariciones forzadas hasta abusos sexuales en centros clandestinos, y por la respuesta judicial frente a crímenes que marcaron profundamente a numerosas familias afectadas.

El juicio por la Megacausa Zona V se inscribe en una larga trayectoria de procesos judiciales argentinos que buscan verdad, justicia y memoria tras los crímenes de la dictadura (1976-1983). Su desarrollo y sentencia reciente subrayan la permanencia de ese trabajo judicial y el compromiso de no dejar impunes las violaciones de derechos humanos del pasado.