El comunicado difundido en las últimas horas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a poner en el centro del debate el rol institucional del Máximo Tribunal y los alcances de su intervención en causas judiciales de alto impacto público. El texto fue firmado por el juez Rosenkrantz y estuvo orientado a responder versiones periodísticas que atribuían a la Corte un supuesto direccionamiento político de expedientes sensibles.

A lo largo del documento, el magistrado rechazó de manera expresa que el tribunal tenga como objetivo intervenir en causas de corrupción o influir sobre procesos judiciales vinculados con la ex presidenta Cristina Kirchner. En ese sentido, negó que exista una estrategia para acelerar o encaminar determinadas investigaciones y planteó límites sobre las atribuciones de la Corte en relación con el avance de los expedientes.

En uno de los pasajes centrales, Rosenkrantz afirmó: “El ejercicio de la función jurisdiccional no puede confundirse con la persecución de objetivos políticos ni con la ejecución de agendas temáticas preestablecidas”, y agregó: “Esa premisa es equivocada y no representa en modo alguno la manera en que concibo mi labor jurisdiccional”. Con esa definición, buscó despejar cualquier interpretación que vincule la tarea judicial con decisiones de carácter político. "El deber de imparcialidad, la virtud institucional cardinal de la judicatura, impide que me conduzca en los términos consignados”, sostuvo.

En otro tramo del comunicado, explicó que no corresponde a los miembros de la Corte promover procesos judiciales por iniciativa propia ni establecer prioridades basadas en factores externos al marco normativo. En esa línea, aclaró que el tribunal no posee facultades discrecionales para decidir cuándo deben avanzar determinadas causas ni para alterar los tiempos procesales establecidos.

Sobre ese punto, precisó que el curso de las investigaciones “depende, en el estado actual en que se encuentran, únicamente de las decisiones de los jueces de grado competentes y de los tribunales superiores que sobre ellos ejercen la superintendencia”. De esta manera, remarcó el reparto de competencias dentro del sistema judicial y delimitó el alcance de la intervención de la Corte Suprema.

Las aclaraciones surgieron como respuesta a un artículo periodístico que atribuyó al Máximo Tribunal intenciones de intervenir políticamente en causas judiciales y hasta de avanzar con medidas patrimoniales en 2026, en alusión a bienes vinculados con Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión en la causa “Vialidad” y actualmente juzgada en el expediente conocido como “Cuadernos”.