La causa judicial por la expropiación de YPF volvió a sumar un capítulo en los tribunales de Estados Unidos, donde los demandantes que obtuvieron un fallo favorable contra la Argentina avanzarán esta semana con un planteo formal ante la Justicia. El reclamo se enmarca en el proceso que condenó al Estado nacional a pagar USD 16.100 millones y apunta ahora a una presunta falta de cumplimiento de órdenes judiciales vinculadas a la producción de documentación.

El próximo jueves, los fondos beneficiarios del fallo presentarán ante la jueza Preska un escrito en el que solicitarán que la Argentina sea declarada en desacato y que se evalúe la aplicación de sanciones económicas. La iniciativa será encabezada por Burford Capital junto con el resto de los demandantes que impulsaron la demanda por la estatización de la petrolera en 2012.

Dentro de los requerimientos judiciales figuran intercambios de mensajería correspondientes a funcionarios y exfuncionarios nacionales, entre ellos el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor en el cargo, Sergio Massa. Sobre el estado de cumplimiento de esa orden, Maril detalló a través de la red social X que “ya lo han hecho la gran mayoría” de las personas alcanzadas por la medida. No obstante, aclaró que “al 12 de enero, restan 6 que no” habían presentado la información solicitada.

Desde el Gobierno nacional rechazaron que exista un incumplimiento de las decisiones judiciales dictadas por la Justicia estadounidense. Según Noticias Argentinas, desde la Procuración del Tesoro indican que “Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”.

En esa línea, explicaron que el proceso de entrega de documentación se viene realizando de forma escalonada y en coordinación con las partes involucradas. Mientras el juicio principal por la expropiación de YPF continúa su curso, este incidente volvió a reactivar la tensión en el fuero federal de Nueva York. La jueza Preska, a cargo de la Corte del Distrito Sur, aprobó el cronograma presentado por los demandantes para avanzar con el pedido de sanciones por desacato y fijó una audiencia probatoria para los días 23 y 24 de marzo.