En medio del receso de verano, la Justicia resolvió habilitar la feria para dar tratamiento a un reclamo vinculado a la entrega de alimentos a comedores comunitarios. La decisión se tomó debido a una cautelar impulsada para que el Ministerio de Capital Humano garantice la asistencia a 30 espacios que reclaman su incorporación a la política alimentaria estatal, pese a la suspensión de los plazos procesales propios de la feria.

La intervención judicial se produjo luego de una presentación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quienes advirtieron que la paralización de la actividad judicial impedía avanzar con intimaciones ya dispuestas por el juzgado. Según plantearon, esa situación obstaculizaba el relevamiento e incorporación de comedores comunitarios que dependen de la provisión estatal de alimentos para sostener su funcionamiento cotidiano.

Desde las organizaciones señalaron que la demora tenía un impacto directo sobre familias en situación de vulnerabilidad que asisten a esos espacios para cubrir necesidades básicas. En ese contexto, antes de que se resolviera la habilitación de la feria, el CELS había reclamado públicamente que se mantuviera la actividad judicial. “El hambre no espera. Aplazar la resolución agrava la situación de las familias que van a los comedores, en su mayoría con niños y niñas de los barrios populares”, expresaron, al tiempo que recordaron que, gracias a cautelares previas, 72 comedores volvieron a recibir alimentos tras interrupciones en la asistencia oficial.

El pedido de habilitación fue analizado por el Ministerio Público Fiscal, que emitió un dictamen favorable. En su intervención, el fiscal sostuvo que en la ejecución de la cautelar se encuentra comprometido el derecho humano a una alimentación adecuada, de cumplimiento inmediato, y remarcó que el colectivo alcanzado por la medida atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica. También advirtió que una demora en el trámite judicial podía tornar ineficaces las medidas ya ordenadas.

Con base en esos argumentos, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo de Walter Lara Correa, resolvió habilitar la feria judicial “al único efecto” de tratar lo solicitado por la parte actora y permitir el avance del expediente durante el receso. En la misma resolución, el magistrado dispuso incorporar una presentación realizada por el Ministerio de Capital Humano y correr traslado a las organizaciones demandantes para que fijen su postura antes de definir los próximos pasos procesales.