El Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó este jueves el traslado de un ciudadano venezolano, detenido desde hace un mes en Corrientes, a un penal de máxima seguridad ubicado en la provincia de Buenos Aires. Allí quedará alojado mientras avanza el proceso administrativo para su expulsión de la Argentina. Según la información oficial, el hombre estaría vinculado a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
La cartera precisó que permanece bajo un esquema de custodia especial y que “luego de su detención en Corrientes, lo alojamos bajo régimen de alto riesgo mientras avanzamos con su expulsión del país”. La medida se enmarca en los controles reforzados sobre personas consideradas de alto perfil delictivo.
El arresto se concretó el 20 de diciembre pasado en el Puerto Local de Control de Corrientes, durante un operativo de la Prefectura Naval Argentina. Según informó la Justicia, el ciudadano venezolano no tenía documentación válida y había ingresado al país de manera ilegal, tras cruzar la frontera por un paso no habilitado en la provincia de Salta.
Durante el procedimiento, el hombre aseguró haber sido víctima de un robo en Puerto Iguazú y afirmó que su intención no era quedarse en la Argentina, sino dirigirse por vía fluvial hacia Paraguay. En su poder se secuestró un arma blanca y, en los controles médicos posteriores, se constató que tenía una bala alojada en el abdomen y cerca de veinte cicatrices compatibles con heridas de arma blanca, lesiones que atribuyó a su pasado como integrante del Ejército venezolano.
Tras la detención, el Ministerio de Seguridad informó que el operativo se realizó “mediante la PNA, cuando intentaba cruzar ilegalmente hacia Paraguay, en el marco del refuerzo de los controles migratorios y fronterizos”. Además, agregó que “a partir de información aportada por Interpol Venezuela, confirmamos que registra antecedentes por homicidio, y presenta tatuajes con simbología vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, lo que refuerza su perfil de riesgo”.
La Fiscalía interviniente sostuvo que el acusado cuenta con antecedentes penales en Venezuela, Canadá y Estados Unidos, país del que fue expulsado a comienzos de 2025 tras ingresar de forma ilegal.