En una nueva escalada dentro del juicio por la estatización de YPF, los fondos demandantes pidieron este jueves ante los tribunales de Nueva York que la jueza Loretta Preska declare en desacato y sancione a la Argentina.

Según argumentaron, el país habría incumplido órdenes judiciales vinculadas a la entrega de comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios que consideran relevantes para el proceso.

La presentación fue realizada por los abogados de Petersen y Eton Park, con respaldo financiero de Burford Capital. Desde el Gobierno anticiparon que rechazarán el planteo y cuestionaron su alcance. 

Los acreedores reclaman al menos cinco sanciones contra la Argentina en el marco del proceso de discovery, etapa en la que buscan obtener información para avanzar en el cobro de la sentencia que condenó al país a pagar más de US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF en 2012.

Entre las medidas solicitadas, los demandantes pidieron que la Justicia declare como “alter ego” del Estado argentino a organismos como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas. Para sostener esa tesis, reclamaron que Preska considere comunicaciones por WhatsApp, correos electrónicos y otros canales no oficiales que, según su interpretación, demostrarían que esas entidades actuaron bajo control estatal directo.

Además, solicitaron que la Argentina sea declarada en desacato por un supuesto incumplimiento deliberado de una orden judicial y que se imponga una multa coercitiva de al menos un millón de dólares por día mientras persista la falta de entrega de información. También pidieron sanciones civiles y que se presuma que cualquier evidencia no presentada sería desfavorable para la parte que omitió producirla.

En caso de que el país argumente que no puede acceder a comunicaciones clave, los demandantes solicitaron la convocatoria a una audiencia con testigos en vivo, que podría incluir a funcionarios como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. Además, reclamaron que la Argentina asuma los costos y honorarios legales asociados a esa instancia.

El cronograma judicial prevé que la defensa argentina responda el 19 de febrero, mientras que los demandantes presentarán su contrarréplica el 5 de marzo. Las audiencias están fijadas para el 23 y 24 de marzo, cuando Preska definirá si hace lugar al pedido de sanciones. Desde la Procuración del Tesoro ya habían anticipado su rechazo y calificaron el planteo como “insólito y desproporcionado”.

Los fondos sostienen que la Argentina incumplió el discovery ordenado por Preska, que incluía el acceso a correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de funcionarios del área económica, entre ellos Caputo y el exministro Sergio Massa. Si la jueza acepta el pedido, el fallo podría tener consecuencias económicas y financieras significativas para el país, con impacto en litigios en curso y en sus relaciones comerciales externas.

Desde el Gobierno, en cambio, aseguran que la Argentina “ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery”, con la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios. Según la Procuración del Tesoro, la moción presentada en Nueva York constituye “el intento más reciente del financiador de litigios Burford Capital de hostigar a la República mediante solicitudes intrusivas y desproporcionadas”.