La inversión pública volvió a ser una de las principales variables de ajuste del Gobierno. El gasto de capital ejecutado por la Administración Nacional cayó un 27% real en comparación con 2024, en línea con la estrategia oficial de sostener el equilibrio fiscal, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El recorte se dio en un contexto en el que el Ejecutivo logró encadenar dos años consecutivos de superávit primario, algo que no ocurría desde 2010, y volvió a mostrar un sector público con cuentas equilibradas tras más de una década.

Durante 2025, la inversión pública totalizó $2,1 billones y fue uno de los rubros que más contribuyó a la reducción del gasto primario. La principal explicación estuvo en el desplome de las transferencias de capital, fondos destinados a provincias, municipios y empresas públicas, que retrocedieron cerca del 49% en términos reales.

En particular, las transferencias a empresas públicas registraron una caída del 47%, reflejando el freno a proyectos de infraestructura y la reconfiguración del rol del Estado en áreas estratégicas.

En contraste, la inversión real directa del Estado nacional mostró un crecimiento interanual del 14,9% y, por primera vez en cinco años, representó más de la mitad del total de la inversión pública ejecutada.

Vivienda y Energía, los rubros más afectados

El informe señala que casi el 80% del gasto se concentró en cinco áreas: Transporte, Energía, Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología, y Agua y Saneamiento. Sin embargo, dentro de ese esquema, Vivienda y Energía fueron las funciones más castigadas.

En el caso de Energía, la inversión se redujo un 59,6% real, con un fuerte impacto en las transferencias destinadas a ENARSA, la empresa encargada de proyectos de infraestructura energética. Si bien continuó siendo la principal receptora de fondos, sufrió un recorte superior al 60% respecto del año anterior.

El panorama fue aún más severo en Vivienda y Urbanismo, donde la caída real rozó el 93,5%. La virtual paralización de este rubro estuvo directamente vinculada a la eliminación del Fondo Fiduciario de la Vivienda Social y a la disolución del programa Procrear, decisiones adoptadas por decreto durante 2024.

A contramano del ajuste generalizado, algunas áreas registraron incrementos significativos. Educación y Cultura tuvo un salto real de más del 150%, impulsado por compras de equipamiento tecnológico e inversiones en infraestructura escolar. Transporte, en tanto, creció cerca del 38%, con obras viales y ferroviarias como principales motores.

Entre los proyectos individuales, se destacó la construcción del Reactor RA-10, a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que concentró el mayor presupuesto ejecutado del año. En total, se llevaron adelante 229 proyectos de inversión que sumaron alrededor de $700.000 millones.

Provincias con un impacto cada vez menor en el PBI

Pese al recorte nacional, las transferencias de capital a provincias y municipios crecieron en términos reales, con un aumento cercano al 35% interanual. Este incremento funcionó como un amortiguador parcial frente a la caída de los fondos destinados a empresas públicas y fondos fiduciarios, aunque con fuertes disparidades entre jurisdicciones.

Mientras algunas provincias registraron subas pronunciadas en los recursos recibidos, otras mostraron retrocesos, evidenciando una distribución desigual de la obra pública federal.

Aun así, el informe advierte que el peso de la inversión pública en la economía siguió en caída: pasó de representar el 0,4% del PBI en 2024 a apenas el 0,2% en 2025, el nivel más bajo de la serie analizada. Si se compara con 2021, cuando la inversión alcanzaba el 2,4% del producto, la reducción es aún más marcada.