Cientos de personas participaron en una protesta en la ciudad de Quito, Ecuador contra el gobierno del presidente Daniel Noboa, en medio de un clima de creciente preocupación por la inseguridad y el deterioro de las condiciones económicas. La movilización fue convocada por organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones estudiantiles, que denunciaron el aumento de la violencia y cuestionaron varias medidas impulsadas por el Ejecutivo.

La manifestación comenzó en el centro de la capital, cerca del edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y avanzó hacia el casco histórico de Quito. Durante la protesta, los manifestantes portaron carteles y lanzaron consignas contra el gobierno, mientras reclamaban soluciones. La movilización reunió a trabajadores, docentes y distintos sectores sociales que expresaron su descontento con la gestión oficial.

Entre los principales reclamos se destacaron el rechazo a reformas laborales impulsadas por el Ejecutivo que, según los sindicatos, flexibilizan las condiciones de trabajo y permiten reorganizar la jornada laboral de forma que perjudica a los trabajadores. Las organizaciones convocantes también criticaron cambios en normas vinculadas a la administración territorial y a la política minera, que consideran perjudiciales para las comunidades y los gobiernos locales.

La protesta se desarrolló bajo un fuerte operativo policial, con cerca de 1.200 agentes desplegados en el centro de Quito. Durante la jornada se registraron incidentes cuando la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes cerca del Palacio de Gobierno, luego de que algunos grupos intentaran avanzar hacia zonas restringidas del centro histórico.

Las manifestaciones se producen en un contexto de profunda crisis de seguridad en Ecuador. Desde 2024, el país atraviesa un conflicto interno vinculado al crecimiento del crimen organizado y del narcotráfico, lo que llevó al gobierno a militarizar la lucha contra las bandas criminales y declarar un “conflicto armado interno”.

En ese marco, el gobierno de Noboa también anunció nuevas medidas para enfrentar la violencia, como la imposición de un toque de queda nocturno en varias provincias estratégicas para el narcotráfico. La decisión forma parte de una estrategia que combina operaciones militares y policiales para desarticular organizaciones criminales que operan en el país.