En enero de 2026, la mora en los préstamos a hogares alcanzó el 10,6% y acumuló quince meses consecutivos en alza, aunque en las entidades no financieras supera el 27%.

La morosidad expone el costo del boom del crédito en la era Milei
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Efectivos de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes sobre manifestantes que exigían la continuidad de tratamientos de salud. Hubo denuncias por el uso desproporcionado de la fuerza en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Organizaciones de prestadores, transportistas y familiares de personas con discapacidad se concentraron este miércoles frente al Congreso de la Nación. El reclamo se centró en el rechazo a la desregulación del sistema de prestaciones básicas y los atrasos en los pagos del programa Incluir Salud. Durante la movilización, se registraron incidentes con las fuerzas de seguridad en el marco de la aplicación del protocolo "anti-piquetes".
Los manifestantes denunciaron agresiones físicas por parte de los efectivos policiales durante los forcejeos para liberar la calzada. Según los testimonios y reportes, la denuncia incluye golpes contra familiares y menores de edad que participaban de la marcha. Desde las organizaciones que integran el Foro de Discapacidad señalaron que el uso de la fuerza fue desproporcionado ante una protesta de personas con movilidad reducida y sus cuidadores.
El eje técnico de la movilización es el rechazo al decreto que permite la libre fijación de aranceles por parte de obras sociales y prepagas. Los prestadores sostienen que la ruptura del "arancel único" nacional impide cubrir los costos operativos mínimos, lo que deriva en la interrupción de tratamientos. A esta situación se suma una deuda que, según los centros de día, supera los seis meses en los giros correspondientes al programa estatal de pensiones no contributivas.
Otro punto del petitorio entregado a las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) refiere a las auditorías sobre las Pensiones No Contributivas (PNC). Las familias denuncian que se han producido suspensiones de beneficios sin notificación previa ni evaluación presencial del grado de vulnerabilidad de los beneficiarios. Esta medida, sumada al aumento en los costos de insumos médicos, es señalada como el principal factor de la emergencia prestacional actual.
La jornada finalizó con una asamblea frente al Palacio Legislativo donde se evaluaron los pasos a seguir. Los referentes del sector exigieron una convocatoria inmediata a una mesa de diálogo con el Ministerio de Salud para regularizar los pagos pendientes. De no obtener una respuesta administrativa, las organizaciones adelantaron que profundizarán las medidas de fuerza con nuevas concentraciones en otros puntos del área metropolitana.

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