La crisis financiera que atraviesa el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) ha provocado una nueva fractura en el Gobierno, marcada por denuncias de deudas superiores a los $500.000 millones, recortes en la atención a jubilados y el freno en los pagos a prestadores.

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado con el objetivo de aclarar que el organismo no se encuentra bajo su órbita, sino que depende del área de Salud que conduce Mario Lugones.

Y concluye señalando que "toda información, gestión o consulta vinculada a dichas áreas corresponde ser canalizada a través de las autoridades competentes de Salud. El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con una comunicación clara y precisa, con el objetivo de evitar confusiones y garantizar el correcto acceso a la información por parte de la ciudadanía".

Detrás del conflicto institucional se observa un deterioro progresivo del sistema prestacional. Clínicas, sanatorios y profesionales de la salud advierten que la falta de actualización de los pagos vuelve la operatoria económicamente inviable, generando una reacción en cadena que limita la atención. 

Mientras tanto, según se ha reportado, desde el Ministerio de Salud admiten dificultades, pero sostienen que "no hay un recorte, sino un retraso de fondos". Por su parte, los datos oficiales reflejan la magnitud del ajuste: las prestaciones del PAMI cayeron un 29,8% interanual en términos reales, mientras que las transferencias enviadas por el Tesoro Nacional registraron un desplome del 57,7%.

Este escenario de desfinanciamiento ha provocado que la demanda se desplace hacia el sistema público, saturando hospitales y agotando los recursos de los municipios. La crisis también ha fomentado el crecimiento de prácticas informales, como el cobro de plus médicos y la implementación de cupos encubiertos para consultas y estudios. En el plano político, la gestión del PAMI en provincias como Córdoba ha despertado fuertes críticas contra figuras del oficialismo.