El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto para habilitar el pago de acuerdos con fondos que aún litigaban contra la Argentina por la deuda en default de 2001. La iniciativa apunta a darle respaldo legislativo a entendimientos ya alcanzados por el Ejecutivo con acreedores que cuentan con sentencias firmes en tribunales internacionales.

Entre ellos aparecen Bainbridge Fund, con un reclamo de unos 96 millones de dólares más intereses, y el grupo encabezado por Attestor Capital, que acumula 16 fallos favorables por más de 465 millones. El proyecto establece pagos por 67 millones para Bainbridge y 104 millones para el resto de los acreedores, con quitas superiores al 30% sobre los montos reclamados.

Desde el Gobierno sostienen que la operación permitirá reducir el costo total de la deuda en litigio, evitar la acumulación de intereses bajo legislación extranjera y cerrar múltiples causas judiciales abiertas desde hace años. Además, remarcan que los acuerdos pondrían fin a las acciones legales en curso, incluidos intentos de embargo sobre activos del Estado en el exterior.

En ese sentido, el texto advierte sobre avances de los fondos para identificar bienes argentinos, incluyendo participaciones en empresas como YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. También se busca frenar los procesos de “discovery”, mediante los cuales los demandantes solicitan información sobre activos, cuentas y operaciones financieras del país fuera del territorio.

El proyecto incluye cláusulas para evitar nuevos litigios y garantizar que estos acreedores no interfieran en futuras operaciones de financiamiento o reestructuración de deuda. El Ejecutivo pidió un tratamiento urgente: los acuerdos tienen como fecha límite el 30 de abril de 2026 y, si no se aprueban antes, podrían caerse, lo que obligaría a continuar los juicios en condiciones más desfavorables.