La disputa entre el Gobierno y las unversidades nacionales sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que el Ministerio de Capital Humano intimara a los rectores de las casas de estudios a tomar medidas para contrarrestar los paros. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cruzó al Gobierno, al que acusó de "desfinanciar" el sistema.

Esta semana, los sindicatos docentes universitarios llevan adelante un paro que se extenderá hasta el sábado 2 de mayo. La medida de fuerza oficia de antesala de lo que será la marcha convocada para el próximo miércoles 12 de mayo, cuando autoridades universitarias, gremios y federaciones se congreguen para reclamarle al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que la Casa Rosada se niega a instrumentar porque, dice, rompe el equilibrio fiscal.

Es en este contexto que a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, la cartera que conduce Sandra Pettovello intimó a los rectores de las universidades nacionales "a que informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios, que en ocasiones abarcan semanas enteras".

"Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen", dijeron desde Capital Humano.

Qué dijeron desde las universidades

Como respuesta al comunicado del Ejecutivo, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, dijo: "Celebramos que por primera vez el Ministerio de 'Capital Humano' reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales".

Yacobitti afirmó que el Gobierno "no sólo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia".

"La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente", señaló el también dirigente radical.

Las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes. Lo saben los 2 millones de estudiantes y toda la sociedad.

Por último, recalcó que "no van a desviar el eje de la discusión con provocaciones" y vaticinó una marcha multitudinaria el próximo 12 de mayo.

El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno y las universidades siguen peleando por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Aquella norma fue aprobada por el Congreso el año pasado, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada por el Poder Legislativo. Tras este derrotero, el Gobierno se negó aplicar la Ley hasta que su redacción estableciera el origen de los fondos. 

Las universidades, por su parte, fueron a la Justicia, donde, en primera instancia, obtuvieron un fallo favorable que obligaba al Poder Ejecutivo a transferir fondos a las casas de estudios. Pero una última resolución, adoptada por el juez Martín Cormick, dio marcha atrás con la cautelar y todo volvió al estado anterior hasta tanto intervenga la Corte Suprema.

La disputa, en concreto, pasa por la aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, que prevén la transferencia de fondos para la actualización de los salarios de docentes y no docentes y de las partidas presupuestarias y becas estudiantiles.