Este miércoles, a partir de las 16:00, el Senado de la Nación se convertirá en el epicentro de una batalla política clave. La comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por Agustín Coto, dará inicio al tratamiento de la reforma electoral impulsada por el Gobierno Nacional. La jornada contará con la exposición de Luz Landivar, asesora oficialista y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, quien deberá defender un texto que toca fibras sensibles del sistema democrático argentino.

El clima previo está marcado por la fricción. A pesar de que el oficialismo busca "arrancar el partido", se enfrenta a un bloque de aliados (PRO, UCR y fuerzas provinciales) que no están dispuestos a firmar un cheque en blanco, especialmente en lo que respecta a la joya de la corona del proyecto: la eliminación de las PASO.

Los puntos de quiebre: PASO y Ficha Limpia

La principal diferencia radica en el orden de prioridades. Mientras que La Libertad Avanza (LLA) insiste con un paquete cerrado, los bloques dialoguistas pretendían tratar de forma separada la ley de Ficha Limpia. Esta última prohíbe que dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan ser candidatos.

Si bien hubo un principio de acuerdo entre la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y los sectores del PRO y la UCR para avanzar con Ficha Limpia primero, el Gobierno Nacional dio marcha atrás y decidió meter todo en la misma bolsa legislativa, generando un cortocircuito en la confianza parlamentaria.

El desafío de los números: Al tratarse de una reforma electoral, la Constitución exige una mayoría absoluta para su aprobación. Esto significa que el oficialismo necesita, sí o sí, 37 votos en el Senado y 129 en Diputados, números que hoy no tiene garantizados sin el apoyo total de la oposición "amigable".

Radiografía del proyecto: ¿Qué busca cambiar el Gobierno?

El texto no solo apunta a las primarias, sino que propone un giro drástico hacia el financiamiento privado y la estructura de los partidos:

* Adiós a las PASO: Se eliminan las elecciones primarias obligatorias. Cada partido o alianza deberá costear y organizar su propio sistema de selección de candidatos. Ante el rechazo opositor, el Gobierno ya baraja alternativas como la suspensión por única vez para 2027 o quitarles el carácter de obligatoriedad.

* Financiamiento y Publicidad: Se elimina el aporte del Estado para campañas electorales y se eleva el tope de aportes privados del 2% al 35%. Además, se suprime la publicidad gratuita en medios de comunicación.

* Boleta Única de Papel (BUP): Se proponen retoques a la ley ya aprobada para incluir el casillero de "boleta completa" y permitir que se sumen categorías provinciales en elecciones simultáneas.

* Partidos más grandes: Para mantener el reconocimiento nacional, los partidos deberán tener presencia en 10 distritos (actualmente son 5) y contar con un piso de afiliados del 0,1% del padrón nacional.

* Debates Presidenciales: El proyecto elimina la obligatoriedad de los debates entre candidatos, una práctica que se consolidó en las elecciones de 2019 y 2023.

El escenario que viene

Desde el oficialismo confiesan que el objetivo de hoy es "comenzar a negociar". Saben que el texto original sufrirá modificaciones si quieren que llegue al recinto con chances de éxito. La moneda está en el aire: entre la necesidad de "limpiar" el gasto electoral que pregona la Casa Rosada y la defensa de las herramientas de participación que sostienen los bloques dialoguistas, se define el mapa político de los próximos años.