La Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra Raúl Castro y otros cinco ciudadanos cubanos por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un episodio que dejó cuatro muertos y que volvió a tensar la relación entre Washington y La Habana.

La acusación fue anunciada por el Departamento de Justicia en Miami y alcanza al ex mandatario cubano por presunta conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, además de cargos vinculados a homicidio y destrucción de aeronaves. En aquel momento, Castro era ministro de Defensa de Cuba. También fueron imputados Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, señalados como parte del operativo militar.

“Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia”, sostuvo el fiscal general interino Todd Blanche durante una conferencia de prensa en Miami. “Mi mensaje hoy es claro: Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan ni olvidarán a sus ciudadanos”, añadió.

La causa está centrada en lo ocurrido el 24 de febrero de 1996, cuando aviones MiG-29 cubanos derribaron dos aeronaves Cessna pertenecientes a Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados cubanos que realizaba tareas de búsqueda de balseros en el mar Caribe. Como consecuencia del ataque murieron los estadounidenses Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña, además del residente permanente Pablo Morales.

La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó años atrás que las avionetas se encontraban fuera del espacio aéreo cubano al momento del derribo. Sin embargo, el gobierno cubano siempre rechazó esa versión y argumentó que las aeronaves habían ingresado ilegalmente en territorio aéreo de la isla. Tras el episodio, Bill Clinton condenó el ataque y el Congreso estadounidense avanzó con un endurecimiento de las sanciones contra Cuba.

Desde La Habana volvieron a defender la postura oficial. La diplomática cubana Lianys Torres Rivera difundió documentos desclasificados de la FAA en los que funcionarios estadounidenses advertían sobre el riesgo de un eventual derribo. Además, Fidel Castro había admitido en 1996 haber dado “órdenes generales” para impedir incursiones aéreas sobre territorio cubano.