El Gobierno nacional anunció un acuerdo con las universidades públicas y los gremios docentes y no docentes que contempla una recomposición salarial, mayores partidas para gastos de funcionamiento, un refuerzo para hospitales universitarios y una actualización de las Becas Manuel Belgrano.

El entendimiento fue rubricado entre el Ministerio de Capital Humano y las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), encabezadas por su presidente, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. La iniciativa busca descomprimir el conflicto que atraviesa al sistema universitario desde hace meses y abrir una nueva etapa de diálogo entre las partes.

“La idea tanto nuestra como de las autoridades universitarias como de la dirigencia sindical es dejar atrás el conflicto”, afirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. En la misma línea, el secretario general de ADUBA, Emiliano Yacobitti, destacó como “positiva la predisposición al diálogo” y sostuvo que el Gobierno “tomó nota de que hay un gran apoyo social que se manifestó a lo largo y ancho del país”, en referencia a las movilizaciones universitarias realizadas durante el último año.

Según informó Capital Humano, el acuerdo contempla una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario. El incremento se distribuirá en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los salarios vigentes a mayo de 2026 y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los haberes de septiembre. Además, el Ejecutivo anunció una actualización del 20% en las partidas destinadas a gastos de funcionamiento de las universidades nacionales a partir de junio. También se incorporará un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios durante 2026.

Otro de los puntos incluidos en el acuerdo es la actualización del 50% en el monto de las Becas Manuel Belgrano desde junio, junto con la garantía de fondos destinados a la capacitación de trabajadores docentes y no docentes.

Pese al entendimiento alcanzado, continúa abierto el debate por la Ley de Financiamiento Universitario. La norma había sido vetada por el presidente Javier Milei, luego ratificada por el Congreso y posteriormente judicializada. Actualmente, el expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia a la espera de una definición.

Desde el Gobierno remarcaron que las universidades nacionales deberán rendir los fondos recibidos de acuerdo con la normativa vigente, mientras que las autoridades académicas y sindicales valoraron el acuerdo como un paso para encauzar una negociación que venía marcada por fuertes tensiones.