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El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, rechazó apartarse de la investigación contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, por presunto desvío de fondos y emisión de facturas falsas, y ordenó avanzar con las medidas de prueba que permanecían pendientes. En el foco se encuentra la controversia por una propiedad de lujo ubicada en el partido bonaerense de Pilar, valuada en 17 millones de dólares, y una flota de vehículos de alta gama hallados en el predio.
Cobró relevancia el hallazgo de una tarjeta de crédito a nombre de Luciano Pantano, titular de Real Central SRL y propietario registral del inmueble. Para los investigadores, Pantano y su socia Ana Conte no poseen un perfil patrimonial compatible con la compra de la mansión ni de los automóviles, por lo que habrían actuado como testaferros de Toviggino. Las pesquisas determinaron además que dicho plástico bancario era utilizado para costear gastos vinculados a los autos de lujo secuestrados en la finca.
En su fallo, Amarante desestimó el reclamo de competencia formulado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien pretendía la radicación del caso en su fuero a raíz de la mudanza de la sede social de la AFA.
Luego, dijo que es de público conocimiento que la institución continuó desplegando su actividad principal en la sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que consideró una "mera formalidad y ficción jurídica" pretender mudar el expediente. En esa línea, remarcó que dar prioridad al domicilio de Pilar implica desconocer la "total desvinculación" de las maniobras con la jurisdicción de Campana, elevando la disputa competencial a la Cámara en lo Penal Económico.
La causa por el predio de Pilar, que ya atravesó el recorrido de cuatro tribunales distintos y tiene fecha de audiencia en la Cámara Federal de Casación para el próximo 12 de agosto, se suma al frente judicial que enfrenta la cúpula de la AFA. Previamente, Amarante procesó a Tapia y Toviggino por la retención indebida de aportes de la seguridad social por un monto de 19.000 millones de pesos, resolución que fue ratificada por la Cámara con embargos de 350 millones de pesos y prohibición de salida del país.
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