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La Justicia dio un nuevo paso en la etapa de ejecución patrimonial de la condena por la Causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso una serie de embargos preventivos sobre un conjunto de propiedades y activos, entre los cuales se encuentra el departamento del barrio porteño de Constitución donde la ex presidenta Cristina Kirchner cumple la prisión domiciliaria.
La propiedad ubicada en la calle San José al 1111 pertenece a la firma inmobiliaria Los Sauces y forma parte de los bienes con los que se busca cubrir el monto de 685.000 millones de pesos determinado como perjuicio al Estado. Según precisó Infobae, los magistrados aclararon que la medida no altera la titularidad de los inmuebles ni prevé una subasta en el corto plazo, sino que busca trabar su disponibilidad jurídica para evitar ventas o transferencias.
Esta segunda etapa de cautelares alcanza a más de un centenar de activos pertenecientes a las sociedades comerciales de la familia Kirchner y a las empresas del constructor Lázaro Báez. Entre las propiedades alcanzadas figuran inmuebles en el complejo Madero Center de Puerto Madero, terrenos y edificaciones en Río Gallegos, el chalet de la ex mandataria en El Calafate y el predio donde funciona un hotel en El Chaltén.
La resolución judicial también se extendió hacia bienes e inversiones a nombre de Máximo y Florencia Kirchner. En ese sentido, los jueces le otorgaron un plazo de 24 horas al Banco Galicia para que informe sobre la situación de una caja de seguridad con más de cinco millones de dólares y dos cuentas bancarias pertenecientes a la hija de la expresidenta.
Los magistrados fundamentaron la decisión al recordar que la sentencia por la obra pública dejó probada una conexión económica directa entre las empresas de Báez y los negocios familiares. De acuerdo con el fallo del tribunal, esa mecánica comercial permitió que parte del dinero derivado del delito circulara a través de los alquileres y la explotación hotelera de Los Sauces y Hotesur. La medida incluyó además la reinscripción de embargos sobre vehículos de los condenados, entre ellos un automóvil particular registrado a nombre de la ex jefa de Estado.
Las nuevas medidas se conocen mientras la Corte Suprema analiza los planteos de la defensa sobre una primera tanda de 111 bienes cuya ejecución ya había sido respaldada por la Cámara de Casación. Con esta segunda etapa de cautelares, el tribunal busca preservar los bienes alcanzados por la condena hasta que avance su ejecución patrimonial.
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