El Senado avanzó este lunes con el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental enviado por el Poder Ejecutivo y comenzó una ronda de conversaciones con otras fuerzas políticas y las provincias en busca de consensos para la iniciativa.

Las senadoras de La Libertad Avanza Patricia Bullrich e Ivanna Arrascaeta mantuvieron reuniones virtuales junto al ministro de Salud, Mario Lugones, y autoridades sanitarias de distintas jurisdicciones. Durante la primera jornada participaron representantes de la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.

Este martes continuarán las conversaciones con otros distritos. Por la mañana está previsto un encuentro con funcionarios de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones. Por la tarde será el turno de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.

Cómo avanza el tratamiento de la Ley de Salud Mental

La propuesta es analizada en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, presididas por las senadoras oficialistas Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez, respectivamente.

El Senado ya había mantenido una reunión con funcionarios del área de Salud Mental del Ministerio de Salud. Luego, ambas comisiones realizaron dos jornadas de exposiciones que reunieron a más de 70 invitados de distintos sectores: especialistas, organizaciones no gubernamentales, familiares de pacientes, asociaciones profesionales, funcionarios provinciales y trabajadores del área.

“Estamos dando un paso fundamental. Este debate responde a una realidad que vemos todos los días: familias que no encuentran respuestas en la ley actual. Queremos una normativa que acompañe, que intervenga a tiempo y que no abandone”, sostuvo Márquez.

La senadora también planteó la necesidad de modificar algunos conceptos vinculados a los consumos problemáticos. “Las palabras tienen poder porque definen. No es lo mismo hablar de consumo social que de uso, abuso o adicción. Estamos hablando de enfermedades, y la ley debe reflejarlo con claridad”, afirmó.

Qué cambios propone el proyecto

Uno de los principales puntos de la iniciativa es la incorporación, dentro del capítulo de Derechos y Garantías, de acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria.

Estas disposiciones funcionarían como un piso federal, de modo que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires puedan establecer regulaciones que otorguen mayores beneficios o garantías a los pacientes.

El proyecto también incorpora las denominadas Reglas Nelson Mandela como lineamientos para las políticas públicas vinculadas con el tratamiento de personas privadas de la libertad.

Otro eje central es el abordaje conjunto de la salud mental y los consumos problemáticos de sustancias. La propuesta incorpora estos últimos dentro de las políticas y tratamientos de salud mental.

En cuanto a los derechos de los pacientes, se establece la posibilidad de consentir o rechazar tratamientos de manera anticipada. Además, la atención deberá estar a cargo de equipos interdisciplinarios, cuya conformación dependerá de los recursos humanos disponibles en cada jurisdicción. También se incorpora la teleconsulta como herramienta para ampliar la cobertura territorial.

Internaciones y seguimiento después del alta

El proyecto modifica las condiciones para las internaciones. Para concretarlas se requerirá la firma de dos profesionales del servicio asistencial, uno de ellos médico y, preferentemente, psiquiatra.

A su vez, la internación involuntaria quedará limitada a situaciones en las que exista un riesgo grave para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.

La iniciativa establece además que el abordaje deberá contemplar la edad, el desarrollo cognitivo y la situación afectiva y mental de cada paciente.

En relación con las altas, la decisión deberá comunicarse con una anticipación razonable al representante legal, cónyuge o conviviente, padres, hijos u otros familiares alcanzados por la normativa. El objetivo será coordinar las condiciones de egreso y garantizar la continuidad de los cuidados.

Los familiares tendrán derecho a recibir información y orientación sobre el tratamiento. En los casos en que la persona no tenga una red familiar o esta no pueda asumir su cuidado, el Estado deberá garantizar los apoyos y dispositivos comunitarios necesarios.

El proyecto también contempla medidas de acompañamiento posteriores al alta, que podrán extenderse durante un período de hasta seis meses mediante tratamiento ambulatorio. Durante ese tiempo habrá un seguimiento judicial cada 30 días y el equipo tratante deberá informar al juez si resulta necesario mantener o modificar las medidas.

Qué establece para niños, niñas y adolescentes

La iniciativa incorpora un artículo específico sobre los consumos problemáticos de sustancias en niños, niñas y adolescentes.

La atención deberá realizarse mediante equipos especializados en población infantojuvenil y en dispositivos diferenciados de los destinados a adultos. Además, quedará restringida la internación de menores en unidades destinadas a personas mayores.

El proyecto también contempla principios de autonomía progresiva, derecho a ser escuchado, confidencialidad, abordaje familiar y no criminalización.

A su vez, prevé mecanismos de coordinación entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y las distintas provincias para el seguimiento y la atención de estos casos.

Con esta ronda de reuniones, el oficialismo busca incorporar las miradas de las jurisdicciones y avanzar en acuerdos que permitan continuar con el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental en el Senado.