El proceso judicial que investiga las responsabilidades penales en torno a la muerte de Silvina Luna avanzó, este martes 1 de septiembre 2026, hacia una instancia procesal determinante.

A tres años del fallecimiento de la modelo una junta médica convocada en el marco de la causa judicial que investiga su muerte determinó que existe una relación entre el material que le fue inyectado por Aníbal Lotocki y las complicaciones de salud que finalmente provocaron su deceso.

El objetivo principal era establecer si existía una relación causal entre la intervención a la que se sometió Silvina Luna, el material que le había colocado Lotocki y el deterioro de su salud que terminó con su fallecimiento en 2023.

Según informó Rodrigo Alegre al aire de TN, alrededor de 10 profesionales médicos y de distintas especialidades participaron y realizaron deliberaciones periciales que determinaron que el polimetacrilato que Lotocki le introdujo a Silvina Luna le provocó hipercalcemia, una alteración que derivó en una insuficiencia renal y que finalmente desencadenó el cuadro que terminó provocando su muerte.

Al término del encuentro, el médico legista Jorge Dri brindó precisiones ante la prensa, señalando que los análisis periciales remarcaron una severa conducta omisiva en el seguimiento del cuadro clínico por parte del médico Aníbal Lotocki una vez que se manifestaron las primeras complicaciones sistémicas postoperatorias.

El especialista subrayó que el eje central del informe radica en la evaluación de la conducta médica asumida frente a los efectos adversos desencadenados tras las intervenciones: "Lo que nosotros marcamos puntualmente es con respecto a la conducta del imputado, el deber de actuar fallido que tuvo en el momento en que, una vez establecidas las complicaciones del cuadro que generó, no hizo nada".

El facultativo detalló que la asistencia brindada por Lotocki se limitó a aspectos meramente externos y superficiales, desatendiendo el deterioro metabólico integral que derivó en la posterior falla renal de la paciente: "Es una inacción médica en el seguimiento del cuadro clínico. El doctor Lotocki se ocupó únicamente de la cicatriz y no se ocupó del cuadro clínico general que se estaba generando".

Uno de los aspectos de mayor relevancia jurídica, expuestos ante el tribunal, refiere a la existencia de una ventana temporal en la cual una intervención médica oportuna hubiera podido mitigar el daño orgánico.

Al ser consultado sobre si existían alternativas clínicas para evitar el desenlace fatal, el legista explicó que una respuesta terapéutica temprana habría permitido reducir el impacto de las lesiones sobre la función renal, limitando la progresión de la hipercalcemia y el deterioro orgánico progresivo.

El cierre de esta etapa pericial incorpora un elemento documental clave al expediente judicial, en momentos en que la querella y el Ministerio Público Fiscal preparan las presentaciones complementarias para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Si los peritos concluyen que la muerte era evitable o que Lotocki omitió actuar a sabiendas del riesgo, la Fiscalía (que ya había solicitado su indagatoria) podrá imputarlo formalmente por homicidio (con dolo eventual o culposo), una figura penal considerablemente más grave que las lesiones graves por las que fue juzgado originalmente.

¿Cómo está la causa de Aníbal Lotocki en la actualidad? 

En la actualidad, Aníbal Lotocki se encuentra privado de su libertad desde octubre de 2023 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza por homicidio simple con dolo eventual tras el fallecimiento de Rodolfo Christian Zárate (50 años) en abril de 2021, ocurrido luego de una intervención quirúrgica en la clínica Cemeco. 

Cuenta con una condena firme a 8 años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por lesiones graves y estafa en los casos de Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

Además enfrenta cargos por lesiones gravísimas vinculadas a procedimientos médicos realizados a otras pacientes entre 2009 y 2021. 

Tras varios pedidos de libertad condicional, la Justicia ordenó su prisión preventiva debido al riesgo procesal de fuga y entorpecimiento de la investigación, considerando la gravedad de las penas que enfrenta por las causas acumuladas y su conducta durante las etapas de instrucción.