El exprimer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, volvió a encender la polémica tras criticar con dureza el último mensaje emitido en cadena nacional por el presidente Javier Milei. En un artículo de opinión publicado en el diario Daily Mail, el exfuncionario británico instó al actual gobierno del Reino Unido a enviar de inmediato refuerzos militares, incluyendo aviones, barcos y tropas, para custodiar el archipiélago austral.

En su escrito, Johnson definió al jefe de Estado argentino como un "anglófilo y admirador de Margaret Thatcher", al tiempo que remarcó que la posición histórica de los Estados Unidos se mantiene "técnicamente neutral". Asimismo, el político conservador interpretó que los recientes movimientos del ejecutivo nacional responden a una estrategia para avivar el sentimiento nacionalista de cara al plano electoral interno mediante reclamos soberanos de corte tradicional.

Entre las decisiones de la administración argentina que despertaron la alarma británica figuran la proyección de una base naval en Tierra del Fuego y el endurecimiento del marco legal para sancionar a las firmas petroleras que operen en el Atlántico Sur sin autorización. A pesar de sostener que resulta poco probable una acción armada directa por parte de Argentina, Johnson advirtió sobre la posibilidad de provocaciones que deriven en errores de cálculo.

El marco regulatorio promovido frente a la exploración hidrocarburífera ilegal en la zona contempla severas penas para las compañías que incumplan la normativa vigente del Estado nacional. El esquema contempla inhabilitaciones comerciales de hasta dos décadas, la cancelación automática de concesiones vigentes y la quita de beneficios impositivos o previsionales que hubiesen sido otorgados con anterioridad a las firmas infractoras en todo el territorio.

Además de las penalidades económicas y corporativas, la legislación dispone penas de prisión efectiva que van desde los cinco hasta los quince años para los responsables de actividades no autorizadas. Las sanciones pecuniarias asociadas se fijan según el valor internacional del petróleo crudo WTI, sumadas a la suspensión total de la personería jurídica e inhabilitación para participar en futuras licitaciones públicas con el Estado.

Frente a este escenario de creciente tirantez diplomática, el pedido de militarización realizado por la figura británica busca presionar al primer ministro de su país para ratificar el dominio sobre las islas. La escalada discursiva reabre un frente de alta tensión política internacional sobre el Atlántico Sur, mientras ambas administraciones cruzan advertencias sobre la soberanía, la seguridad estratégica y la explotación de recursos naturales en la región.