La presentación alcanza a cinco firmas que buscan la exploración o explotación de hidrocarburos en las Islas sin autorización de la Argentina.
El Gobierno denunció a cinco petroleras por su actividad en Malvinas
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Tras suspender por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil, la jueza Marta Elba Pascual enfrenta un pedido de juicio político de La Libertad Avanza y una denuncia penal de la asociación civil Usina de Justicia. La titular del Juzgado N° 2 de Lomas de Zamora fue imputada por abuso de autoridad y usurpación funcional al considerar que su fallo viola la división de poderes.
El titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, liderará las gestiones para solicitar la destitución de la magistrada y justificó la medida al sostener: “Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama”.
En sus críticas al peronismo y a la conducción provincial, Pareja agregó que "siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes", recordando que "también lo hicieron durante la pandemia" y remarcando que "ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes". En esa línea, aseguró que una jueza "que actúa como un peón" del gobernador Axel Kicillof "no cumple con las características básicas" para su función.
En el plano legislativo, el presidente del bloque de senadores provinciales de LLA, Carlos Curestis, afirmó que el fallo "deja más que en claro de qué lado están" y enfatizó: “Lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes”. A su vez, el jefe del bloque de Diputados, Juan Osaba, dijo que la medida es "inadmisible" y sentenció: "Vamos a llevarla a juicio político".
Por su parte, en la acción judicial promovida por Usina de Justicia se argumentó que el fallo "se basa en un razonamiento hipotético, puesto que no existe una lesión de derechos en forma concreta, ni tampoco existe un peligro inminente de que ello suceda", constituyendo "un análisis de futuro, pero desapegado de la realidad legislativa". La presentación detalló que la norma aprobada fija topes punitivos de 15 años y medidas alternativas a la cárcel, advirtiendo además que la suspensión provisoria genera una "amnistía de manera impropia" que dejará no imputables a los jóvenes de 14 y 15 años en territorio bonaerense a diferencia de lo que ocurre en el resto de la Argentina.
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