En el marco del procedimiento iniciado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, Argentina rechazó la postura del Reino Unido, que calificó la acción "como un intento de 'socavar' derechos".

Desde el Palacio San Martín, a través del ministerio a cargo de Pablo Quirno, se desestimaron los cuestionamientos británicos señalando que están “alejados de la realidad” y remarcó que “someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado”.

En su fundamentación, el Gobierno sostuvo que la presentación formal "no busca 'socavar' los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales". Además, denunciaron que la contraparte "está intentando imponer su interpretación, en este caso, infundada, a los demás como una verdad absoluta", argumentando que las naciones comprometidas con el estado de derecho resuelven sus diferencias ante jueces independientes y no mediante la imposición de decisiones unilaterales.

Al cruzar los dichos de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, el pronunciamiento oficial sostuvo que el Reino Unido "nada tiene que temer de un tribunal" si sus operaciones en la zona en disputa se llevan a cabo "en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la CONVEMAR". Al ratificar que "Argentina deposita su plena confianza" en el cuerpo arbitral, el comunicado recordó la vigencia de la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU y objetó la exploración hidrocarburífera por constituir una alteración unilateral del área marítima.

El texto fijó además postura sobre la situación de los pobladores del archipiélago: “La República Argentina rechaza la manipulación del principio de libre determinación de los pueblos que el Reino Unido pretende imponerle y que las Naciones Unidas no han aplicado a los actuales habitantes de las Islas”. En el mismo pasaje, el Palacio San Martín recalcó que “el compromiso argentino con el respeto de su modo de vida, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, no está en discusión”.

Hacia el cierre, la Cancillería expuso un interrogante respecto de la actitud de la contraparte: “Cabe preguntarse qué conducta refleja mejor un compromiso internacional responsable: recurrir a un tribunal internacional o desacreditar un mecanismo al que ambos Estados están obligados”. De esta manera, el comunicado concluyó afirmando que “la República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas” a través de “el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional”.