El Ministerio de Capital Humano denunciará a los estudiantes que irrumpieron ayer en la sede de la Secretaría de Educación para reclamarle al Gobierno que aplique la Ley de Financiamiento Universitario.

Este miércoles, tras un fallo judicial que ordenó al Ejecutivo instrumentar la norma aprobada por el Congreso, un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza y tomó el Palacio Pizzurno. Más tarde, las autoridades lograron recuperar el control del edificio gracias a un trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad Nacional -a cargo de Alejandra Monteoliva- y Policía Federal.

Tras la medida de fuerza, la cartera conducida por Sandra Pettovello, de la que depende la Secretaría de Educación, anunció que realizará una presentación ante la Justicia para que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes.

Además, manifestaron su rechazo al mecanismo de protesta mediante la toma de edificios públicos.

"Desde el Ministerio de Capital Humano reafirmamos que el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo. No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta".

"El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas", agregaron en un comunicado.

La protesta

Este miércoles, un grupo de más de cien estudiantes universitarios ingresó por la fuerza a la sede de la Secretaría de Educación en el Palacio Sarmiento, donde mantuvieron una permanencia en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, iniciada con una sentada previa al salto de los molinetes, ocurrió un día después de que el juez Cormick ordenara la ejecución de la norma tras los recursos presentados por la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional, fallo que el Gobierno anticipó que apelará.

Durante la permanencia en las instalaciones, las representantes estudiantiles explicaron que "es una sentada pacífica" encabezada por manifestantes de diversas facultades con la exigencia de coordinar una agenda formal de trabajo. La acción buscó intensificar el plan de lucha de cara a la quinta Marcha Federal Universitaria pautada para el 15 de octubre, jornada de protesta que confluirá frente al Congreso con movilizaciones vinculadas a la Ley de Tierras y a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Las repercusiones del episodio alcanzaron a las autoridades universitarias, donde el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, desaprobó la irrupción calificándola de no "democrática" y manifestando su rechazo al afirmar que no apoyará "esto ni ningún acto de violencia o escrache". Sin embargo, durante diálogo con A24, cuestionó la estrategia del Poder Ejecutivo al considerar que "la apelación es una medida que tiene el Gobierno para seguir dilatando el cumplimiento de la ley", señalando la falta de acatamiento a los fallos judiciales y a las cautelares ratificadas por la Corte Suprema.