El balance de víctimas mortales por el choque de trenes del miércoles en el término municipal de Urda, Toledo, en España, subió a 69 tras confirmarse el fallecimiento de una persona que permanecía internada. 

Cerca de medio centenar de personas lesionadas continúan bajo atención médica en diversos centros de salud de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. De un cómputo global de 110 personas asistidas, 60 disponen ya del alta médica y las cuatro personas en situación de mayor gravedad dentro del grupo clasificado en código rojo evolucionan de forma favorable, de acuerdo con el parte que brindó el presidente autonómico, Emiliano García-Page.

Por otra parte, la Guardia Civil investiga 64 denuncias de personas que aún no pudieron ser localizadas. Los equipos forenses desarrollan las tareas de filiación e identificación de los cuerpos bajo los cauces legales fijados para este tipo de sucesos. El despliegue sobre el terreno supera los 200 agentes, dedicados tanto a la inspección pericial del trazado como al reconocimiento de los alrededores para descartar la presencia de viajeros desorientados. Además, rige un perímetro de seguridad de dos kilómetros alrededor del enclave para el desempeño de la Policía Judicial y la comitiva jurídica.

El siniestro tuvo lugar a las 08:54 horas del miércoles, momento en el cual un convoy de alta velocidad de Renfe con destino a Sevilla y 378 viajeros a bordo impactó contra una unidad de la compañía Iryo que se hallaba parada en la vía con 147 ocupantes, lo que ocasionó el despeñamiento de diversos coches por un desnivel. Las labores de este jueves contemplan maniobras técnicas con grúas de gran tonelaje, focalizadas en el coche volcado sobre el terreno, sin indicios de más cuerpos bajo su estructura.

Las diligencias judiciales corresponden a la magistrada titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, quien decretó la prohibición de paso a personal no autorizado y el veto a la retirada de cualquier elemento material para salvaguardar los indicios. La instrucción abarcará el análisis de las comunicaciones registradas entre los maquinistas y el puesto central de Atocha con anterioridad al impacto, tras registrarse una caída en el sistema de seguridad LZB de la estación de Urda que afectó a un tramo de 63 kilómetros. Sobre estas comunicaciones, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios denunció la difusión pública de audios sujetos a custodia oficial.

(Con información de EFE)