El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer el sábado 28 de noviembre su fallo sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La fecha fue anunciada por el presidente del organismo, Maurice Kamga, al dar por concluida la segunda y última jornada de audiencias orales, abriendo así un plazo de deliberación de 17 días.

Durante su presentación de cierre, la delegación nacional, encabezada por el asesor legal de la Cancillería y agente ante el tribunal, Mario Oyarzábal, junto a la co-agente Betina Pasquali de Fonseca, María Ibarzábal Murphy y Agustín Giustiniani, reclamó cuatro medidas cautelares: frenar el inicio o la continuidad de la extracción de hidrocarburos, prohibir el uso de los datos obtenidos durante la exploración, habilitar la participación argentina en la protección del medio marino en disputa y exigir al Reino Unido que evite decisiones que agraven el conflicto.

Oyarzábal, por su parte, ratificó que el país acreditó los requisitos de competencia prima facie, plausibilidad de los derechos, riesgo inminente de perjuicio irreparable y urgencia, rechazó el intento británico de presentar el caso como un litigio de soberanía y reiteró la disposición a negociar “todos los aspectos” de la controversia.

La urgencia del planteo se fundamentó en el avance del plan petrolero cuya inversión definitiva fue aprobada en 2025, ejecutado por la firma israelí Navitas (65%) y la británica Rockhopper (35%) para extraer más de 300 millones de barriles en 30 años mediante hasta 26 pozos y una infraestructura permanente en el lecho marino.

Frente a la modificación irreversible que sufriría la plataforma continental, el jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver alertó sobre las consecuencias de iniciar las perforaciones: “Una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar”, marcando la necesidad de una intervención inmediata: “Sólo este tribunal puede actuar a tiempo para evitarlo. Si no es ahora, nunca lo será”.

Ante la comitiva británica integrada por Sally Langrish, Paul McKell, la Attorney General Ellie Reeves y los funcionarios isleños Simon Young y Jack Ford, el jurista Marcelo Gustavo Kohen aclaró que el pedido cautelar no exige un pronunciamiento sobre la soberanía. En cambio, recordó que el archipiélago figura en la lista de territorios no autónomos de la ONU pendientes de descolonización bajo la resolución 31/49, que insta a no tomar decisiones unilaterales, y cuestionó que la defensa del Reino Unido omitiera por completo la existencia del diferendo territorial, describiéndolo como “el elefante en la habitación”.

Mientras los jueces deliberan en Alemania, desde la delegación argentina remarcaron que el reclamo nacional “no comienza ni termina con esta resolución”, dado que el objetivo actual es obtener una suspensión preventiva mientras avanza el procedimiento arbitral internacional ya iniciado, ratificando que el país continuará empleando todas las herramientas jurídicas y diplomáticas a su alcance.