La entrega del estudio sobre los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, abrió un enfrentamiento técnico entre los peritos oficiales y los especialistas del Ministerio Público Fiscal en la causa por presuntas coimas. El dictamen, cuyas conclusiones habían sido adelantadas hace 15 días, descartó realizar el cotejo de identidad vocal sobre las grabaciones entregadas por el periodista Mauro Federico y desató una inmediata impugnación metodológica por parte de los expertos de la acusación.

En el informe de 74 páginas presentado ante la Justicia por la División Acústica Forense de Gendarmería Nacional, solo 14 archivos resultaron aptos frente a otros 43 descartados para una comparación forense, aunque en ese grupo disponible se detectaron “características acústicas compatibles con un proceso de regrabación” por las cuales “no resulta metodológicamente procedente” someterlos a procesamiento.

Pese a describir “discontinuidades abruptas” y “posibles puntos de corte” sin lograr precisar “el tipo ni metodología técnica de edición eventualmente empleada”, el trabajo oficial tampoco definió si los registros “corresponden a emisiones vocales humanas de origen natural” o recreadas digitalmente, cerrando sin cotejo con la voz del ex funcionario: “No fue posible establecer si las señales de habla examinadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo”.

La negativa a efectuar la identificación se justificó en las restricciones técnicas del laboratorio oficial, ya que “ante la imposibilidad de efectuar el análisis automático y considerando que un análisis exclusivamente auditivo-perceptual no satisface los requisitos metodológicos establecidos para la comparación forense de voces, no fue posible realizar el cotejo solicitado”. A ese obstáculo operativo se sumó una objeción sobre el origen de las grabaciones aportadas al expediente, debido a que “no fue posible evaluar de manera fehaciente la continuidad e integridad de la cadena de custodia”.

La respuesta llegó desde la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) mediante los cinco peritos de parte del Ministerio Público Fiscal, a quienes “no se les permitió volcar sus disidencias en las conclusiones, por lo que tuvieron que hacerlo en un anexo separado, lo que a su entender desnaturalizó el debate pericial”.

En su descargo, los especialistas cuestionaron que los efectivos oficiales “se negaron a realizar la comparación de la voz de los audios” amparándose en “limitaciones de calibración que impedían usar sus resultados con fines identificatorios”, cuando en realidad existían 15 archivos que “tenían calidad suficiente para hacer esa comparación” y el protocolo exige aplicar al menos dos de tres análisis posibles: “Si el programa que iba a utilizarse no servía para el análisis automático de los registros, ello no impedía hacer los otros dos”.

Respecto de la sospecha sobre el empleo de inteligencia artificial para fabricar voces, los peritos de la Fiscalía advirtieron una contradicción interna, pues “esa conclusión no se corresponde con lo que el propio informe encontró” tras haber hallado “numerosos rasgos típicos del habla humana espontánea” sin indicios de manipulación artificial. La crítica apuntó directo a la coherencia del peritaje oficial y a las carencias del organismo interviniente: “La falta de herramientas para detectar voces sintéticas en la División Acústica Forense de la Gendarmería Nacional es una limitación de ese laboratorio y no una imposibilidad técnica general, por lo que debió evaluarse si podían aplicarse otras metodologías disponibles en el ámbito científico”.

Por último, los expertos de la DATIP rechazaron los reparos formales sobre la preservación de los archivos aportados al juzgado, calificando como “un error exigir a un dispositivo entregado voluntariamente la misma trazabilidad que a uno secuestrado en un allanamiento” y ratificando que “no hay elementos para poner en duda la integridad de esa prueba”.