La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a 32.746 contribuyentes por inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas.

Desde el ente recaudador explicaron que las inconsistencias fueron detectadas a partir de las fiscalizaciones electrónicas automáticas, que son verificaciones y controles no presenciales que se basan en información de distintas bases de datos para detectar eventuales incumplimientos.

Las alarmas se encendieron por la falta de presentación del Impuesto Cedular, liquidaciones de granos no declaradas, subvaluación de inmuebles en el exterior en las declaraciones juradas de Bienes Personales y utilización de facturas apócrifas.

Además, se detectaron rendimientos no declarados por diversas inversiones financieras en el Impuesto a las Ganancias, acreditaciones del exterior no declaradas y falta de declaración de contratos de arrendamiento.

Por la falta de respuestas en las fiscalizaciones, la AFIP intimó a 32.746 contribuyentes para que procedan a aclarar las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas.

El organismo indicó que los datos mostraron un elevado nivel de respuestas de los contribuyentes a estas fiscalizaciones, que fueron rectificando declaraciones juradas y cumplieron la pretensión fiscal. Sin embargo, la AFIP identificó a un grupo de contribuyentes que no cumplieron con los requerimientos o que no se allanaron a la pretensión fiscal.

En este sentido, los ingresos generados por la herramienta automática superan los $4.500 millones en casi dos años. Las notificaciones enviadas este lunes por el organismo representan el paso previo al inicio de las acciones de fiscalización presencial que, ante la persistencia de los incumplimientos por parte de los contribuyentes, permitirán profundizar en el análisis de las inconsistencias identificadas.

Las misivas enviadas por la AFIP al Domicilio Fiscal Electrónico de los contribuyentes incumplidores recuerda la vigencia hasta el 15 de marzo de 2022 de la moratoria establecida por la Ley de Alivio Fiscal.

El plan de regularización permite incluir obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas al 31 de agosto de 2021. La herramienta ofrece un avance tecnológico en materia de fiscalización para abordar distintas maniobras que afectan la recaudación, y el mecanismo permite realizar fiscalizaciones de amplio alcance a partir de distintas fuentes de información que, en la mayoría de los casos, no requieren ningún tipo de información adicional de los contribuyentes.