La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.

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El Gobierno acordó avanzar en un monitoreo de los costos de los materiales del sector y corregir cualquier eventual desvío que se pudiera registrar en los precios.
Esta tarde, el Gobierno acordó con los principales actores de la cadena de la construcción y dirigentes sindicales avanzar en un monitoreo de los costos de los materiales del sector y corregir mediante el diálogo cualquier eventual desvío que se pudiera registrar en los precios.
El encuentro se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo con la presencia del ministro Matías Kulfas, su par de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; la secretaría de Comercio Interior, Paula Español; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, entre otros integrantes del Gabinete Nacional. Por su parte, la cadena de la construcción estuvo representada por los principales empresas del país (Ternium y Acindar, entre otras), en tanto que por el sector sindical asistieron el titular de la UOM, Antonio Caló, y el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez.
"Más allá del acuerdo de precios y salarios, queremos activar distintos mecanismos de coordinación para corregir eventuales desvíos de los precios a través del diálogo", señalaron a Télam voceros del Ministerio de Desarrollo Productivo.
El Gobierno planteó la necesidad y la importancia de que los salarios le ganen a la inflación, considerando que el sector de la construcción es vital para profundizar la reactivación que comenzó a fin del año pasado. Además, se destacó la incidencia de las recientes medidas de blanqueo de capitales para la construcción, que podría atraer inversiones por 5.000 millones de dólares.
La construcción registró en diciembre un alza interanual del 27,4%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y ese aumento resultó un 22% superior al nivel pre-Covid de febrero de 2020.
La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.
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