Las reacciones negativas han predominado desde que el presidente Mauricio Macri anunció que recurriría al Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar un crédito.

En esta ocasión, es la consultora Ecolatina la que, a través de un informe, dio a conocer su postura, basada en hechos, sobre el acuerdo que se está negociando en Washington D.C.

"Con la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional, el Gobierno apunta a obtener un respaldo del orden de los 30.000 millones de dólares (según trascendidos) equivalentes a 5% del PBI y más de la mitad de las reservas internacionales", calculó este estudio.

En este sentido, desde la empresa plantearon que, a su parecer, "los condicionantes se posarán en mayor grado sobre el equilibrio de las cuentas externas".

"El Gobierno nacional ya cuenta con un programa de reducción progresiva en el frente fiscal (el cual incluso intensificó para 2018)", sostuvo el sondeo y analizó que "el 'gradualismo' permanece en el centro de la lógica política adoptada".

Como conclusión, los economistas apuntaron que "los condicionamientos en materia de política económica no serán inocuos sobre la trayectoria de las variables macroeconómicas".

En contraposición, destacaron que "como aspecto positivo, el costo financiero, que rondaría el 4% anual, sería más acotado en comparación con el que se obtendría en el mercado de capitales".

Sobre los detalles de esta "línea de apoyo financiero" que solicitó el Ejecutivo, argumentaron que se trata de "líneas flexibles en términos de duración, ya que pueden cubrir desde 12 a 36 meses" y que "en condiciones normales, se otorga hasta un 435% de la cuota del país en el organismo, lo que resulta en un monto máximo para Argentina de USD 19.784 millones".

A pesar de este último punto, también señalaron que "el FMI contempla la posibilidad de ampliar estos parámetros en circunstancias particulares, por lo cual los montos que han trascendido son asequibles".

En tanto, el estudio recordó que "las pautas generales de condicionalidad fueron revisadas y reformuladas de manera extensiva por parte del FMI en 2002, apuntando a una mayor flexibilidad".

"No obstante, su principal objetivo se mantiene inalterable: asegurar que el país en cuestión tenga capacidad de repago del crédito de modo que dichos recursos estén disponibles para otros países miembros", concluyó.