La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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El precandidato presidencial anticipó que impulsará una ley similar a la que se implementó en la Unión Europea.
En caso de llegar a la Casa Rosada, Alberto Fernández anticipó que impulsará ante el Congreso una regulación a plataformas como Google y Facebook con el objetivo de combatir las noticias falsas.
Así se diferenció del presidente Mauricio Macri, quien durante su gestión respondió a un reclamo de Google y Facebook e impulsó una ley para resguardar a esos motores de búsqueda de cualquier proceso penal. Finalmente, el proyecto no properó ya que la oposición logró frenarlo en la Comisión de Comunicaciones, tras un pedido de Adepa y la Asociación de Periodismo Digital (APD).
Fernández dio detalles sobre este tema durante su visita a Santa Fe, la semana pasada. Indicó que avanzará con una regulación más estricta, similar a la que trató el parlamento europeo. Esa norma obliga a los distribuidores de contenidos a respetar los derechos de autor de las publicaciones que distribuyen.
En conferencia de prensa, un periodista santafesino consultó al precandidato presidencial del Frente de Todos si estaba en sus planes una nueva ley de medios. "Es un tema muy remanido y que nos ha generado muchos conflictos hasta el día de hoy donde cualquier cosa que le digo a un periodista rememoran aquel conflicto y termino haciéndome cargo. Argentina tiene urgencias enormes y no es esa la urgencia", respondió Fernández.
"Si alguna vez tenemos que tratar una nueva ley de medios, quisiera que la tratemos en serio, incluyendo los nuevos medios de comunicación como las redes e Internet. Es el debate en la Unión Europea: cómo se regulan estos canales de comunicación a través de los cuales muchas veces se difama y se manipula la conciencia social, con un enorme daño para las sociedades. Ese tema debe ser un gran debate social", concluyó.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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