El artículo fue eliminado del proyecto por el Gobierno antes del debate en el Senado y generó malestar en las empresas.

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El juez federal Luis Rodríguez pidió informes a la AFIP, a la Inspección General de Justicia y a la Unidad de Información Financiera sobre Julio De Vido y su familia.
La ampliación en la investigación sobre el ex funcionario kirchnerista se dio por un planteo de la fiscal del caso Alejandra Mángano por supuesto enriquecimiento ilícito hasta diciembre de 2015, cuando abandonó su cargo.
Además, la fiscal requirió en marzo medidas de prueba referidas al patrimonio de sus tres hijos Santiago, Facundo y Valeria De Vido.
Se sostuvo que debía investigarse a De Vido durante todo su paso por la función pública y no sólo hasta el 2007 (como indicaba la imputación inicial) y además incluir a sus tres hijos para determinar si su patrimonio tiene justificación acorde a sus ingresos.
Hasta el momento, De Vido y su esposa eran investigados por el incremento de su patrimonio sin aparente justificación desde 2003 al 2007, pero la fiscal amplió la imputación hasta diciembre de 2015.
Una pericia contable ya entregada al juzgado arrojó que, hasta 2007, De Vido no podría justificar un millón de pesos de su aumento patrimonial.
Actualmente De Vido está detenido con prisión preventiva en la causa por una millonaria defraudación por el desvío de fondos que debían destinarse a reconvertir el Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).

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