Aníbal Fernández fue imputado por el fiscal federal Ramiro González, quien reclamó investigarlo porque presuntamente se desprendió de bienes cuando había sido inhibido en el marco de una causa judicial por hechos de corrupción.

Es por la venta de dos camionetas: Una Toyota Hilux 4x4 el 27 de mayo de 2016 a la Distribuidora Elite SRL, por 450.000 pesos, y de un BMW el 1 de septiembre del mismo año a un particular, por 634.450. 

Ambas transacciones fueron hechas luego de que el ex jefe de gabinete fuera inhibido por la Justicia en la causa por supuesta malversación de fondos públicos en la compra de los plan Qunita.

Según la denuncia, Bonadio lo inhibió por 440 millones de pesos el 23 de febrero de 2016, y en aquella oportunidad Fernández dijo no contar con bienes a su favor para hacer frente al mismo.

En agosto de 2016 Fernández había pedido al juez que levante la inhibición para poder traspasar bienes a su esposa a partir del divorcio entre ambos, que constaban de una propiedad ubicada en Villa Gesell y dos en Quilmes. 

El juez lo autorizó, pero solo para esos tres inmuebles en particular. Sin embargo, según un informe de la Dirección de Análisis Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), el exfuncionario aprovechó la ocasión y habría vendido ambos vehículos.