Hacían pirámides humanas para que la persona que quedaba abajo muriera asfixiada. Esa y otras prácticas aberrantes fueron los disparadores para que se ordenara la detención de 49 personas vinculadas a las denuncias de lesa humanidad en el Departamento de Información de la Policía de Mendoza, el infame “D2”.

Eran los tiempos de la dictadura, y la mole de cemento ubicada en Virgen del Carmen y Belgrano era el centro clandestino de detención más grande de la provincia. En su interior se produjeron crímenes de todo tipo, incluyendo torturas y abusos sexuales.

De los 49 imputados, 12 ya estaban privados de su libertad por procesos anteriores, por lo que la orden afectó a los 37 restantes. En una primera instancia del caso no se habían resuelto las detenciones, pero la decisión de ayer implica que se los aprehenda a todos.

Lo que viene

 

El fiscal federal Dante Vega -que lidera la investigación- junto a los abogados querellantes, solicitaron la prisión preventiva para evitar que los acusados entorpezcan la pesquisa y porque los hechos por los que se los acusa son particularmente graves. Los jueces Manuel Pizarro y Gustavo Castiñeira de Dios hicieron lugar al pedido.

"Defendemos el estado de derecho y no la venganza" (Pablo Salinas, abogado querellante)

Ahora, el Cuerpo Médico Forense deberá evaluar en qué situaciones los detenidos pueden ser trasladados al penal o cumplirán prisión domiciliaria, de acuerdo a su estado de salud.

El abogado querellante Pablo Salinas sostuvo que “eso demuestra que estamos en un estado de derecho y no se trata de una venganza. Por eso hemos pedido que sean detenidos en sus domicilios hasta tanto se hagan los estudios médicos correspondientes –porque muchos son personas mayores- y se pueda determinar quiénes pueden estar en la cárcel”.