La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Fernando Sabag Montiel continuará detenido en la sede de la Policía Federal en Palermo tras negarse a brindar declaración ante la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo en la noche del viernes.
En la noche del viernes, la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo se trasladaron hacia la sede policial ubicada en el barrio porteño de Palermo, para tomarle declaración a Fernando Sabag Montiel, quien fue detenido el jueves por intentar asesinar a Cristina Fernández de Kirchner.
Allí, el hombre escuchó la lectura de los hechos por parte de los funcionarios judiciales y manifestó haber recibido un golpe en el ojo cuando los militantes lo redujeron tras el ataque a la Vicepresidenta. Por tal motivo, la defensa ordenó que se le brinde asistencia médica. Luego, se negó a declarar.
Hasta el momento, son 24 las declaraciones testimoniales tomadas y fuentes judiciales aseguraron que además de trabajar con "con todas las hipótesis abiertas", se analiza el recorrido que hizo Sabag Montiel hasta llegar al lugar del hecho.
En cuanto al arma que se secuestró, se trata de una pistola Bersa calibre 32 apta para su uso, que tenía residuos de pólvora, lo que revela que había sido disparada recientemente.
Por su parte, en la mañana del viernes la Vicepresidenta declaró durante 50 minutos en su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. Voceros aseguraron que se encontraba "entera" y con "ganas de declarar".
Cristina Fernández de Kirchner indicó que recién tomó noción de lo que había sucedido una vez que volvió a su departamento y vio las imágenes del ataque por televisión.
La Justicia interpreta la agresión como un homicidio en grado de tentativa y se investiga si el acusado “actuó solo o con alguien más”. Asimismo, se ordenó investigar fallos en la custodia de la Vicepresidenta.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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