Tras permanecer varias horas en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro, donde lo notificaron sobre la resolución de la Cámara Federal de Casación penal que revocó la excarcelación con la que había sido beneficiado en diciembre, Amado Boudou fue trasladado a la cárcel de Ezeiza.

La Unidad de Información Financiera había apelado el fallo excarcelatorio que dictó el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), al considerar arbitraria la decisión de conceder ese beneficio a Boudou y apartarse infundadamente de su decisión anterior. 

Es la tercera vez que Boudou queda detenido por este caso: la primera fue durante la instrucción y la segunda cuando el Tribunal Oral Federal 4 lo condenó a 5 años y 10 meses de prisión, al hallarlo culpable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública; además fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

Tras su excarcelación, el ex funcionario permanecía libre aunque debía usar una tobillera electrónica con la que vigilaban sus movimientos. 

La sentencia condenatoria contra Boudou data del 7 de agosto de 2018. Aquel día el ex funcionario quedó detenido porque el Tribunal Oral Federal 4 entendió que su libertad podía afectar el desarrollo del caso conocido como Ciccone II.

Juan Carlos Gemignani, uno de los jueces de la Sala IV de la Cámara que falló a favor de detener al ex vicepresidente, justificó su decisión al señalar que antes hubo "un tribunal que consideró que la persona es culpable", por lo que "esto borra las condiciones de la presunción" de Boudou.

"La evaluación, más que con el riesgo de fuga, tiene que ver con la posibilidad de influir sobre los riesgos procesales. Es una interpretación de las mismas circunstancias, lo que dijimos es que este tribunal ya dijo que existían riesgos procesales antes, no cambiaron las condiciones", explicó el juez.

En diciembre, tras los procesamientos sin prisión preventiva dictados por el juez Ariel Lijo en la segunda causa vinculada con Ciccone, los abogados de Boudou volvieron a reclamar su libertad por entender que los supuestos riesgos se habían extinguido, y el TOF 4, que había modificado su integración por el reemplazo de uno de sus miembros, se la concedió. 

La semana pasada, durante la audiencia en la que se debatió la apelación a la excarcelación de Boudou, el fiscal ante la Casación, Javier de Luca sostuvo que no correspondía hacer lugar al reclamo de la UIF, porque en lo formal existe una "expresa prohibición que tienen las querellas a presentar recursos de apelación contra las resoluciones de excarcelación".

De Luca invocó el artículo 332 del Código Procesal Penal, que establece que "el auto que conceda o niegue la exención de prisión o la excarcelación será apelable por el ministerio fiscal, el defensor o el imputado, sin efecto suspensivo, dentro del término de 24 horas".