El CPM realizó su 12° evaluación anual en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires y se destacó que la tasa de detención en los últimos 10 años creció 78 puntos, de los cuales 37 corresponden solamente al período 2016-2017. El año pasado 39.765 personas fueron detenidas y sólo el 10% tenía orden judicial previa.

Los datos preocupan no sólo por la cantidad de hechos delictivos que se registraron en el último tramo, sino que además se ve una clara superpoblación de reclusos en los diferentes penales del distrito, que genera que dos de cada tres detenidos en comisarias se vea obligado a dormir en el piso (3.097 personas ocupaban 1.040 camastros).

"El manodurismo se instaló hace 20 años en la Provincia. Y ningún gobierno revirtió esa política de seguridad que no satisface ninguna demanda de la sociedad. Este informe, a su vez, está marcado por la masacre de Pergamino; recientemente se creó en la comisaría primera un sitio de memoria; había sido un centro clandestino de detención", sentenció Sandra Raggio, titular del CPM.

En cuanto a los hechos de violencia dentro de las prisiones, se reveló que entre 2014 y el primer semestre de 2017 se abrieron 13.076 investigaciones, de las cuáles, sólo 37 fueron caratuladas como torturas. El resto se calificaron con rangos más leves, con expectativa de pena muy baja y el 97% de las causas fueron archivadas.

También, los números del año pasado cerraron con un porcentaje histórico de superpoblación, lo que generó una dura critica a las políticas gubernamentales. "Admite la crisis del sistema de encierro pero se declara impotente. Como único remedio propone la construcción de más cárceles y avanza en la consolidación de un punitivismo duro, de larga data en la Provincia y claramente ineficaz", aseguran.

Como último dato publicado por las autoridades del CPM, y probablemente el más llamativo y preocupantes son los 16.300 hechos de agravamiento de las condiciones de detención denunciados en 2017, los que constituyeron casos de torturas o tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, que profundizarán las "graves violaciones de derechos humanos".